La Libertad ó Prostitución de Expresión en Perú

Escribo esta nota, provocado por un ex asalariado de la dictadura del fujimontesisnismo de los años 90, hoy  escribiente y dizque director de un periodicucho limeño, que al interrogarse ¿Dónde está el mandatario? Dice muy suelto de huesos y sinvergüenza…”una sombra de dudas comienza a cubrir Palacio de Gobierno sobre las razones que tendría el presidente Ollanta Humala para no expresarse ante la opinión pública”…Luego se refiere de manera ramplona al Señor Premier Salomón Lerner, aludiéndolo que acompañado de  tres miembros de su Gabinete, leyó una declaración del Presidente Humala sobre la crisis internacional. Y vuelve a interrogarse… ¿Por qué no salió el propio mandatario a dar su declaración? prosigue con insolente procacidad al decir y refiriéndose al padre del Mandatario Humala, “El papá sigue hablando”, continúa despotricando, balbuceando e interrogándose epilépticamente “Comienza el copamiento” en medio de sus severos espasmos el infeliz servil del gobierno más corrupto de la historia del Perú,  logra alcanzar al Presidente del Congreso y lo acusa de tener otro traductor, para terminar jadeante de rabia y casi yerto enfilando sus baterías inmundas y lleno de rabia contra la alcaldesa Susana Villarán.

Critica este escribiente plumífero de marras en su editorial, las medidas de reestructuración policial a efectos de mejorar la seguridad ciudadana, anuncia en sus interiores… Advierten politización en Comandancia del Ejército y extenuado copula rendido a los pies de la hija del asesino y ladrón preso en Diroes y cual vulgar sirviente, con fotografía a color incluida, lanza el titular “Humala está nervioso y temeroso por nuevo cargo”. Hasta aquí no más, no nos vamos a centrar en la “prostitución” como acto de comercio sexual, sino en el análisis y reflexión de la prostitución que hacen de la libertad de expresión, algunas empresas y periodistas de los medios de comunicación al amparo de la legislación vigente y que repercute negativamente en la visión que debe tener nuestra sociedad (medios de comunicación como agentes socializadores).

Lo que tratamos de comprender y tal vez hacer comprender a través de la lectura y el debate ulterior, es la “guerra sucia”, a lo cual se dedican estos medios y periodistas al servicio de la vil corrupción, perpetrando atenazar al régimen para propiciar su descrédito y posterior derrumbamiento. Entonces concluimos, que esa es la consigna falaz de este mal ejercicio de la libertad de expresión; felizmente el régimen de Ollanta Humala y el de Susana Villarán, así parecen haberlo entendido, la guerra está declarada y guerra avisada no mata gente, mata a corruptos y de eso se trata.

Finalmente debemos señalar, que en este espacio, nos ocupamos de cuestionar al “Estado ausente”, a aquel que lo seguimos mirando como un organismo débil, malformado desde su nacimiento, perverso y corrupto; el mismo que no ha logrado constituirse en un instrumento de ordenación y vigilancia del contrato social, capaz de distribuir con justicia y eficacia, y de cumplir con sus funciones elementales en materia de salud, educación, justicia, seguridad y promoción del empleo, en ese sentido no ha llegado a superar condiciones mínimas y sus omisiones son notables, no contribuyendo los medios de comunicación a través de la tan cacareada “libertad de expresión” a la consecución de sus nobles fines.

Es así, que para una minoría, dentro de ellos los medios de comunicación, el Estado es una fuente esencial de recursos, por procedimientos rentistas cada vez más visibles, escandalosos y censurables. No sólo se trata de disponibilidad de información, sino de expresa divulgación de la manera en las que se negocia los intereses nacionales, eso para esta prensa sucia, amarilla, corrupta y prostituida es de poca trascendencia por el culto al libre mercado, en estos casos, no importa que el ciudadano pueda enterarse cuando se trata de negociar el interés nacional.

No queda duda, que la libertad de expresión ha sido vulgarmente tergiversada, al extremo de entenderse como la libertad de los medios informativos, sin negar la importancia que han tenido en la vigilancia de los intereses nacionales y denuncias de actos de corrupción, convirtiéndose en algunos casos en bastiones de la defensa de los derechos civiles y de la moralidad pública. Lo criticable, es la manera como sin impudicia se convierten en instrumentos del poder con gran autonomía, asociados a intereses adversos al bien de la sociedad o de franca corrupción, la profusión de la prensa amarilla, la devaluación de la calidad educativa en los mensajes de la televisión de señal abierta, son ejemplos de lo que no debería ser la comunicación de masas. La prensa, en el balance ha dejado de ser un referente para la formación de las personas, en especial de jóvenes y de niños, que debiera apuntar a la construcción de una sociedad mejor.

En el Perú, la sociedad civil peruana tiene una clara idea de lo que significa “la libertad de expresión” como bien supremo de información para formar opinión pública, esta no es patrimonio privado de negocios inescrupulosos de la comunicación y de sus intromisiones mercenarias para  envilecer la política, tal y como sucedió con Jaime Bayly y toda la prensa nacional, que en aberrante contubernio trataron de satanizar e impedir el triunfo electoral de Ollanta Humala y de Susana Villarán, en los últimos dos proceso electorales.

Gobierno, Estado, políticas públicas y corrupción

En su mensaje a la nación, el Presidente Ollanta Humala ha sostenido que los ciudadanos sufrimos el abandono de los políticos por causas de un Estado insensible, burocrático y centralista. Un Estado acechado por la corrupción y el despilfarro, alejado de sus ciudadanos, incapaz de protegerlos de la violencia y la criminalidad. Ha señalado que necesitamos más Estado, más patria y que la corrupción sea sancionada, que la realidad nos interpela diariamente y nos exige un nuevo contrato social que haga posible la convivencia armoniosa de todos los peruanos. Para la ejecución de las políticas públicas nacionales, el gobierno realizará reuniones descentralizadas. En el caso concreto de Lima, que ha crecido de forma desordenada y caótica, daremos continuidad a la inversión en transporte público en la ciudad y en el caso de los inmigrantes ha ofrecido la defensa consular de los peruanos en el exterior; así como, presidir el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Política de lucha contra la Criminalidad para darle un carácter multisectorial, entre muchas otras medidas de política anunciadas. Semejante tarea, no solo merece ser aplaudida, sino también apoyada, con el sólo propósito de que la palabra empeñada en el proceso de construcción de Estado-Nación, no se convierta en una nueva frustración nacional.

Ahora bien, sin el ánimo de promover contradicciones de ningún género con lo dicho por el Mandatario Humala y tratando los temas propuestos desde un enfoque tradicional de Estado-Nación, se debe reconocer que resulta muy difícil diseñar y gestionar políticas públicas efectivas, más aún sabiendo que, ni el gobierno nacional, ni la administración pública tienen las capacidades, la inspiración, la legitimidad, ni la confianza suficiente de la ciudadanía para diseñar y gestionar políticas. Entonces, resulta justificada la decisión de la nueva administración acerca de la urgente necesidad de impulsar procesos de modernización y de Reforma del Estado, no solo a nivel de la administración pública como generalmente se entiende, sino también a nivel del gobierno y de nuestra propia cultura política.

Lo señalado sin duda alguna, implica un esfuerzo y una tarea sin precedentes, si consideramos que el país se encuentra inmerso en un proceso de descentralización con niveles de gobierno regional y local, en cuyas instancias es difícil, por no decir imposible, hallar un solo referente que aplique diseños y gestión de políticas públicas. Sobre el particular, es importante acotar que, en los 26 Gobiernos Regionales reconocidos por su ley de creación N° 27867 y su ley modificatoria N° 27902 para regular la participación de los alcaldes y la sociedad civil; las 194 Municipalidades Provinciales y las 1826 distritales, regidos por su ley N° 27972, todos hablan de políticas públicas, pero muy pocos saben a ciencia cierta que son, para que sirven, como se diseñan y que consideraciones intervienen en su elaboración, implementación, administración, control y ajuste entre otros aspectos. Además carecen de capacidades para solventar proyectos de inversión tanto regional, como a nivel local, tampoco se evidencia capacidad, menos calidad en la ejecución del gasto.

Si al dramático estado de las capacidades en los gobiernos regionales y locales, le añadimos la controversial política de tener que articular la gestión sectorial del gobierno nacional, que separa y divide a otra de carácter espacial – territorial, encontramos que el avance de las unidades de gobierno descentralizado será largo, penoso y difícil. El nuevo gobierno como una forma de reparar decisiones irresponsables de la administración anterior, debería reactivar el Consejo Nacional de Descentralización (CND) creado por mandato de la Ley de Bases de la Descentralización-Ley 27783, artículos 23 y 24, con la finalidad de supervisar, conducir y monitorear el proceso, lamentablemente esta institución fue criticada como burocrática e ineficaz por el gobierno de Alan García. Por lo que, el 24 de enero de 2007, el CND fue abolido y reemplazado por la Secretaría de Descentralización, como dependencia adscrita al Despacho del Primer Ministro, mediante el Decreto Supremo Nº 007-2007-PCM, Artículos Nº 1, 3.

El proceso de descentralización, es uno de los más profundos que haya emprendido el Estado peruano y debe replantearse en sus estrategias para lograr competitividad y equidad, en el desarrollo del país como una forma de acabar con la exclusión, la marginalidad y la pobreza, evitar la corrupción que empieza a propagarse en cada uno de estos espacios, debido a los ingentes recursos presupuestales (Véase gráficos 1 y 2) que estos manejan y ante las carencias de un ente de control inoperante como lo es, la Contraloría General de la República

A Manera de conclusión

 Diferentes estudios muestran que la confianza en las instituciones públicas, tanto de Perú, como de América Latina, tiende a ser, en promedio, la más baja del mundo1. Si bien en Perú, la introducción de la gestión por resultados parece ser el elemento prevaleciente para reconstruir esta confianza pública, mejorar la calidad de las políticas públicas es un paso clave que contribuye al mismo objetivo.

 En el Perú, la administración del Presidente Ollanta Humala para poder cumplir con sus ambiciosas metas, debe enfrentar al menos cinco desafíos importantes: (i) Capacidad técnica insuficiente en el centro del gobierno para formular políticas o evaluarlas ex–ante o ex-post – por centro de gobierno nos referimos a la autoridad política en la cumbre del poder ejecutivo, usualmente ubicado en la oficina del primer ministro o presidente, pero es importante destacar que las secretarías centrales (por ejemplo, oficinas de gabinete) y ministerios (por ejemplo, Hacienda) brindan soporte administrativo vital al centro; (ii) Poca coordinación entre políticas sectoriales, lo que conlleva a políticas inconsistentes e incoherentes; (iii) Bajos niveles de impugnabilidad durante la formulación de políticas, ya sea dentro del ejecutivo, desde el legislativo o desde fuera del sector público; (iv) Desconexión entre la formulación y la implementación de las políticas; y (v) Si bien la política influye fuertemente en la formulación de políticas públicas en el caso de Perú, estas deben ser consensuadas en el Foro del Acuerdo Nacional.

1 Blind (2006) y Arizti et al. (2010)
2 LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS EN L A OCDE: IDEAS PARA A MÉRICA L ATINA.

En la era Humala: El Perú de cara al futuro

El Perú es un país con un Estado excluyente, perverso y de profundas desigualdades, peligrosamente fracturado en dos mitades social y políticamente y  en dónde no obstante su complejidad, la percepción del grueso de sus ciudadanos sigue siendo la apuesta por el cambio y la esperanza. En este contexto, no están ausentes las expectativas de quienes están dispuestos a fomentar el desorden y el caos social. Tampoco las tentaciones extremistas de algunos, ni las imprevisiones, que pueden provocar un estado de “anomia” con imprevisibles consecuencias políticas, sociales y económicas, en el caso de no exhibir celeridad en sus actos más puntuales de gestión, tales como la seguridad ciudadana y la inclusión social.

Apenas iniciada la gestión del Presidente Ollanta Humala, este y su Primer Ministro Lerner en particular, de acuerdo a lo que se puede apreciar, ya se encontrarían, esperemos que no, ante un presente cargado de incertidumbres, pero final y felizmente, al frente de la nave llamada PERU y de cara al futuro. Estamos seguros de que será para bien de todos los peruanos, en especial de la juventud y de los que menos tienen.

En un breve diagnóstico sobre el Perú, en su primer mensaje a la nación, ha señalado el Presidente Humala con humildad y sencillez que trasciende desde ya la historia…”Nuestro país trabajador, honrado y diverso, se encuentra fracturado y herido. Sufre el abandono de los políticos y de un Estado insensible, burocrático y centralista. Un Estado que le ha dado la espalda al interior del país, un Estado que sufre de mal de altura o soroche y que se niega a subir los andes y extenderse en nuestra amazonia. Un Estado acechado por la corrupción y el despilfarro, alejado de sus ciudadanos, incapaz de protegerlos de la violencia y la criminalidad. Sueño con un Perú donde la vida no sea un riesgo, donde las ciudades sean espacios seguros donde el ciudadano se encuentre protegido. Para esto necesitamos más estado, más patria y que la corrupción sea sancionada….Sin embargo, transformar el país no es tarea fácil. No solo porque el cambio es siempre una tarea de multitudes, sino porque también implica enfrentar y superar nuestros problemas, proponer una nueva manera de convivir”.      

En un tema medular y crucial para la construcción de un nuevo Estado-Nación y reconocido como la “gran Transformación” ha sostenido:…”Evoco aquí nuevamente la figura de Haya de la Torre  y su legado, plasmado singularmente en la Constitución de 1979, la ultima constitución de origen democrático, a la que muchos no la han respetado y por eso la olvidan, que constituye para mí una verdadera inspiración por su contenido nacional, democrático y de libertad”.

También como fundamento de la funcionalidad del país, ha mencionado que su administración será un gobierno para todos y recordando a Mariátegui, no habrá calco ni copia, sino creación heroica y eso es lo que el Perú espera desde hace 190 años y se hará a través de un Estado promotor del crecimiento y del progreso social, priorizando la educación, salud y nutrición infantil, mejorando las condiciones de trabajo, en especial de los CAS y servicios no personales, invirtiendo en infraestructura, en escuelas, en postas médicas, en cunas y mejorando el salario básico.

Importante y fundamental para una nueva “visión de país” han sido sus expresiones:….”Asimismo, avanzaremos profundamente en la política de ordenamiento territorial que nos permita establecer de manera participativa el uso racional de nuestro territorio. Las ganancias extraordinarias de las empresas mineras deben contribuir al esfuerzo nacional en pro del combate contra la pobreza. Los contratos serán respetados y la negociación permitirá, no lo dudo, y repito no lo dudo,  que esta significativa contribución beneficie a todo el país.

En cuanto a la necesidad de reforzar un “Estado de bienestar” ha sostenido que:…Reconstruiremos una verdadera Marina Mercante del Perú para ejecutar lo que dispone la Ley de Reactivación y Promoción de la Marina Mercante Nacional. Fortaleceremos el SIMA y ENAPU como empresas eficientes y buscaremos que la construcción de más aeropuertos se oriente también hacia el fomento el turismo. Tomaremos las medidas necesarias para que el Perú tenga su línea aérea de bandera y que el mercado aéreo comercial sea más abierto y de mayor competencia, sobre todo para abaratar y ampliar la comunicación al interior del país. En el campo de la infraestructura, se proseguirá con la ejecución de obras viales como los proyectos IIRSA Interoceánica del Sur, Interoceánica del Norte, los programas Costa-Sierra y apoyaremos la elaboración y construcción de proyectos ferroviarios. El gobierno nacional será el principal aliado de los gobiernos regionales y locales. Una de nuestras primeras medidas será la instalación de un mecanismo de relación fluida del gobierno con los presidentes regionales, incluyendo el reconocimiento de la Asamblea de Gobiernos Regionales.

Para la ejecución de las políticas públicas nacionales, el gobierno realizará reuniones descentralizadas buscando el diálogo con las autoridades regionales, alcaldes y representantes de la sociedad. Los compromisos de mutua obligación serán objeto de seguimiento desde el gobierno. Consolidaremos el proceso del presupuesto participativo. Fomentaremos la vigencia de los Consejos de Concertación Local y Regional ahora debilitados y en algunos casos hostigados, como expresión de un enfoque de gestión compartida. En el caso concreto de Lima, que ha crecido de forma desordenada y caótica, daremos continuidad a la inversión en transporte público en la ciudad.

El gobierno siente que uno de los graves problemas que provoca temor y frustración en las personas es el de la inseguridad. Se arrastran en ello 30 años de fracasos y muy pocos éxitos y los que sufren las consecuencias de la violencia del crimen organizado, el narcotráfico y el pandillaje son los más pobres. Queremos cambiar esa historia de ausencia de liderazgo político y la carencia de una política de estado eficaz en esta materia. Es necesario desterrar la idea de que la inseguridad es un problema exclusivo de la policía. Por eso anuncio que así como el Presidente de la República preside el Consejo de Defensa Nacional, presidiré también un Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Política de lucha contra la Criminalidad para darle un carácter multisectorial.

Activaremos un Servicio Policial Voluntario, equiparemos y conectaremos a las comisarías a la red digital, estableceremos penales fuera de Lima y de las principales zonas urbanas del país implementaremos el trabajo físico para condenados por graves delitos…. En mi gobierno no habrá perdón para violadores, ni para ningún delito cometido contra un niño o una niña.

La corrupción es para nosotros un elemento que debilita al Estado y afecta su desarrollo. Es, por lo tanto, un problema de seguridad. En tal sentido, defiendo la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción en agravio del Estado y la  inhabilitación a perpetuidad contra sus autores o cómplices para el ejercicio futuro de cualquier función pública; y defiendo la eliminación de los beneficios penitenciarios en los casos de corrupción.

A MANERA DE CONCLUSION

Hasta aquí, todo lo expresado por el Presidente Ollanta Humala, nos permite recordar y reconocer que lo local, como territorio ecológico geográfico y económico productivo, como espacio de interacción de los actores sociales e institucionales y como instancias de gobierno y construcción social del desarrollo, es la dimensión más adecuada porque en él, se tornan concretos, accesibles y operables las diversas dimensiones en su articulación y sinergias generadoras de desarrollo.

En este siglo XXI, en que asistimos a la mayor y más acelerada revolución científica y tecnológica, nuestro país, no puede seguir a la espera de los más profundos cambios de sus actuales estructuras jurídicas, sociales, institucionales y políticas, en búsqueda de nuevos parámetros de equidad para acceder a los beneficios a favor de la mayoría de peruanos, en momentos en que la aspiración de justicia recorre cada uno de los rincones del país como sustento ético de generación en generación y hoy más que nunca vigente, pero también factible.

Sí hemos llegado hasta aquí, es porque hemos escogido el cambio y la esperanza por encima del miedo y la mezquindad oportunista de algunos y además porque estamos seguros de que el presente, es un tiempo extraordinario que desafía nuestra imaginación y creatividad, nuestra actitud y disposición hacia el cambio, la innovación y la competitividad del Perú, que exige de nosotros el leal compromiso en la búsqueda del largo plazo en pos del desarrollo humano y sostenible.

Finalmente lo dicho por el nuevo Presidente de nuestra nación aún joven, nos debe orientar al fortalecimiento y protagonismo de la sociedad civil, mediante la transferencia de poder y capacidad de  decisión hacia los espacios locales y regionales, hasta hoy concentradas de gran manera en estructuras estatales y de gobierno egoístas perversas y corruptas, muy bien el ordenamiento territorial y el apoyo al transporte para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y no debemos asustarnos cuando se nos habla de impulsar el apoyo al SIMA-PERU y a la creación de una poderosa marina mercante nacional, así como de la creación de una Línea de Bandera con el propósito de fortalecer un Nuevo Estado Nación de Bienestar. Aquí no se trata solo de reformar el Estado, como hasta hoy se ha hecho y se sigue pregonando “achicándolo” o empequeñeciéndolo para servicio de unos pocos, reduciendo y castigando el salario de sus trabajadores o rematando sus bienes o empresas al mejor postor previamente elegido, sino de transformar la perversa relación que nos han impuesto ante la sociedad. Se trata de desprivatizar al Estado Peruano, que ha funcionado como garante de un modelo neoliberal y de los intereses de unos cuantos, para dotarlo de una misión que responda a los intereses de la sociedad peruana a la que se debe. Se trata de convertirlo en un instrumento facilitador y promotor del acceso a las oportunidades, en especial de los que hoy están excluidos y en la pobreza.

Lima perversa y corrupta, un fracaso más que importa*

¿Mientras la tierra Aymara se incendia, en el Perú fracturado y desigual del siglo XXI,  la  frivolidad perversa y opulenta de los que se sienten dueños de la heredad colonial borbónica, - No la de Haya de la Torre, que clamó por la integración de los pueblos y la justicia social -  enclavan  la imagen del “Cristo del Pacífico” en el otrora “Cerro Bermejo ó mejor conocido como Morro del Solar”. No les importa que el Perú se desangre y desoyen el grito libertario de J. G. Condorcanqui en Tinta y Tungasuca.

¿En el Perú de hoy (2011),  es posible la descentralización y la regionalización para acabar con la desigualdad y la pobreza y alcanzar el tan soñado desarrollo sostenible y humano para todos los peruanos, sobre su actual ordenamiento administrativo y territorial departamental?

¡Definitivamente no!

En el Perú, a lo largo de su historia hemos tenido doce (12) Constituciones. En el 2002, una vez más con la Ley N° 27680 se reformó la Constitución de 1993 y se crearon Gobiernos Regionales en cada circunscripción departamental, inclusive la Provincia Constitucional del Callao (24)-Art. 30° de la Ley 27783-Ley de Bases de la Descentralización; en esta norma, también se estableció la conformación y creación de regiones en base a la integración o fusión de dos ó más circunscripciones departamentales colindantes y mediante consulta a la población vía referéndum. La primera consulta señalada en la Ley debió llevarse a cabo en el segundo semestre del 2004, ésta recién se realizaría el 30 de Octubre del 2005, no alcanzando el necesario apoyo electoral, el segundo acto de consulta señalado en la norma legal, solo se haría seis años después, o sea, en el 2011, pero como están  las cosas y con un nuevo gobierno (Junio 2011), este proceso seguirá postergándose; por tanto; aún no se ha conformado en todo el Perú ninguna región propiamente dicha, tal y como lo señala la ley de bases N° 27783 en su Artículo 28°.

También, para supervisar, conducir y monitorear el proceso, la Ley de Bases de la Descentralización-Ley 27783, artículos 23 y 24, creó el Consejo Nacional de Descentralización (CND). Sin embargo, esta institución fue criticada de ser burocrática e ineficaz por el gobierno de Alan García 2006-2011. Por lo que, el 24 de enero 2007, el CND fue abolido y reemplazado por la Secretaría de Descentralización, como dependencia adscrita al Despacho del Primer Ministro, mediante el Decreto Supremo Nº 007-2007-PCM, Artículos Nº 1, 3.

No obstante los esfuerzos para lograr la anhelada integración regional del Perú, en el año 2010, se realizaron nuevas elecciones para elegir a autoridades regionales y municipales, las mismas que han iniciado sus mandatos el 1° de Enero del 2011, sumergidos en el desconcierto y el desconocimiento de un proceso que al parecer, se perfila como una frustración nacional más.

Historia y evolución del ordenamiento administrativo territorial

Durante el incario, el ordenamiento administrativo territorial, como fundamento, social, económico y político, fue el de los “Suyos”. Durante gran parte de la época colonial, las acciones y el dominio del territorio se concentraron en la Sierra. Con la Declaración de la Independencia en 1821, éste se trasladó a la Costa y durante el siglo XX, se centralizó excluyentemente en Lima y es por eso, que el notable poeta Colónida A. Valdelomar con culta ironía diría: "El Perú es Lima, Lima es el Jirón de la Unión, el Jirón de la Unión es el Palais Concert y el Palais Concert, soy yo."

Es importante precisar, que mientras en la Colonia, el fundamento de la política de ordenamiento territorial, lo constituía la explotación minera de metales preciosos y en menor medida la agrícola bajo dominio militar; en la república, lo fue el latifundismo agrario-exportador sustentado en el dominio electoral y/o militar; en la actualidad la venimos ensayando en una primera etapa, sobre las jurisdicciones departamentales.

Túpac Amaru, las Intendencias y la creación de los Departamentos

En artículos anteriores hemos sostenido que “Los Estados en el mundo, son las construcciones históricas y heroicas de cada sociedad”; y  al “Estado Peruano” lo hemos estigmatizado como un ente débil, excluyente,  perverso y ocupado por gobernantes al servicio de grupos de poder y burocracias poco preparadas e indiferentes de la necesidad de construir “una visión de país” y por tanto, ausente desde su fundación en la elaboración de propuestas nacionales de desarrollo, en procura de la felicidad y el bienestar de sus connacionales.

En tal sentido, los peruanos hace 200 años venimos intentando de manera errática la descentralización, como una forma de ordenar el territorio en pos del desarrollo y hoy, en pleno siglo XXI, con una economía en  crecimiento sostenido, no hemos sido capaces de hallar las respuestas que generan la desigualdad, la pobreza y la exclusión. Entonces y ante la vorágine que generan los cambios en la era de “información y el conocimiento”; bien vale la pena preguntarse: ¿Qué es lo que ha fallado en esta urgente necesidad nacional? ¿Qué razón primó para montar sobre los Departamentos creados a partir de 1828 a las actuales 26 regiones?...¿Se fue tan ingenuo al asignar poder político y recursos presupuestales a territorios inviables, a sabiendas que la desarticulación del territorio genera clientelismos políticos, conflictos y retroalimenta la pobreza y la corrupción?

Las respuestas, tal vez las encontremos en la falta de un estudio para la elección de un modelo o diseño apropiado, la oportunidad política, la norma o la ausencia de un Plan Nacional de Descentralización y de Regionalización del país. Muchas pueden ser las causales, pero ninguna justifica la postergación, de la urgente e imperativa necesidad de reestructurar al país, dotándolo de una nueva propuesta de ordenamiento jurídico y administrativo de su territorio a través de la creación de “Geosistemas sostenibles”; en lugar de mantener 26 republiquetas regionales inviables y burocráticas, que por su origen retroalimentan pobreza, violencia política, no facilitan cohesión e integración social, generan inseguridad jurídica e ingobernabilidad, debilitando la legitimidad del Estado.

Dentro de este contexto, quienes nos han gobernado, no han valorado, menos entendido la gravedad de la “disfunción territorial” que acarrea grandes males y conflictos políticos y sociales como los de “Bagua”, “Tía María” o el gravísimo y de imprevisibles consecuencia del pueblo Aymara, en Puno, con bloqueos de carreteras, siendo el más patético, el caso de la reciente ola de “friaje en la zona del Altiplano y al cual, la burocracia centralista del MIMDES, responde como en otros años, con respuestas paternalistas y poco imaginativas como la de: “Llevemos calor a los niños de Puno”.

Finalmente, ha llegado el momento de entender, que un hecho común, tanto, para los Estados Unitarios, Federales ó Regionales, es la supremacía o superposición del Estado a la Sociedad, de la capital a la provincia y de la élite política al conjunto de la población. El sentimiento descentralista como esencia de una “revolución silenciosa” insurge como un grito provinciano, en pos de un nuevo ordenamiento administrativo del territorio, que le permita más democracia y participación en el ejercicio subsidiario de su gobierno, como facilitador del progreso, la innovación, la competitividad y el desarrollo humano.

Túpac Amaru, las Intendencias y la creación de los Departamentos

De Bolívar dijo Neruda: «Despierta cada cien años, cuando despierta el pueblo». El Perú ha tenido que esperar doscientos para que Túpac Amaru vuelva al camino, se le reconozca como el primero de los Libertadores, y se le exalte en su vasta proyección continental. En la imperial ciudad del Cusco, la prometida capital de sus antepasados y hasta Lima han llegado con la ofrenda de sus elogios, Germán Arciniegas, nuevo Cronista Mayor de las Indias nuevas y Boleslao Lewin, polaco peregrino de la verdad histórica.  TUPAC AMARU, EN LA CONSTITUCIÓN  Andrés Townsend Ezcurra (Revista Oiga, Lima, 1981)

Luego de  la sublevación de Túpac Amaru, la dinastía borbónica buscó crear un nuevo modelo territorial de autoridad política a través de las Intendencias ⁽¹⁾, como correctivo de los corregimientos abusivos y despóticos y causa de la primera sublevación libertaria de José G. Condorcanqui. Así, en 1782 se crearon las intendencias de Lima, Cusco, Huancavelica, Huamanga, Trujillo, Arequipa, Tarma y Puno. Estos nuevos espacios territoriales eran unidades geoeconómicas de control militar, en un virreinato extenso de más de un millón de habitantes, cuya red carretera era muy rudimentaria y de escasa integración. Así se establecieron unidades territoriales aisladas que debían ser autosuficientes económicamente, más fuer­temente centralizadas al poder político de la metrópoli colonial.

Al producirse la Independencia, la Constitución de 1823 mantuvo las Intendencias, posteriormente y con la Constitución de 1828, cuando el debate entre federalistas y unitarios fue ganado por estos últimos, se estableció una nueva fórmula territorial toma­da de la Francia republicana: el Departamento (²). Estos sustituyeron a las intendencias coloniales. Los “criollos” que ejercieron el poder, años después de la declaración de la independencia, jamás entendieron que el departamento francés no tenía la extensión nues­tra -por eso ellos definieron 96 departamentos en un territorio mucho más pequeño-, ello correspondía a la dimensión de lo que hoy se denomina provincia, siendo además administrada por una Junta de­mocráticamente elegida, en nuestro caso nunca dejó de depen­der del poder ejecutivo central por medio de su delegado llamado prefecto, a la usanza gala, pero sin su contenido descentralista.

El clamor Provinciano y la creación de los Departamentos

A lo largo de toda la república, los reclamos y las exigencias del Perú «provinciano» fueron respondidas desde el Estado Central con la desmembración territorial de los departamentos: ocho en 1834, once en 1850, catorce en 1856, dieciocho en 1876; veintiuno en 1904; hasta culminar con 24 departamentos en 1980. Esta subdivisión no formaba parte de ninguna distribución adminis­trativa que legitimizara al Estado, sino el producto de algunos inten­tos románticos por descentralizar en algunos casos y en otros, conse­cuencia de la propia improvisación política o electoral, escondida bajo normas legislativas. Cuenta Luis Alayza, en su libro Mi país, que un candidato estaba a punto de perder la diputación de una provin­cia por haber aparecido un opositor incontrastable, el alicaído can­didato fue llamado por el Presidente de la República, amigo suyo, quien le dijo: «No importa. Yo dividiré la provincia; y de la banda izquierda del río será para usted.». Así, mientras en la colonia el fun­damento de la división territorial era la explotación agrícola o mine­ra, bajo dominio militar; en la república su sustento fue agrario exportador, apoyado en el dominio electoral y/o militar; en la actualidad 2011, las motivaciones son electorales y clientelistas, tal es el caso de la creación de la Provincia de San Juan de Lurigancho en Lima.

 ⁽¹⁾  cháñame orbe, Raúl, Historia de las Constituciones (1812-1993), Instituto de Investigaciones UTP, Lima, p. 101.

 ⁽²⁾ cháñame orbe, Diccionario de Derecho Constitucional, cit., p. 145.

* Ensayos sobre descentralización y regionalización 

Hay Estado en el Perú…. ¿Dónde Está? – II

Considerando como línea de base a la invasión española – 3 de Octubre de 1492 y según versión de cronistas de la conquista, la población andina habría sido de 9 millones, 100 años después se redujo a 600 mil, toda una catástrofe demográfica. Cuatro siglos después – tres de coloniaje y uno de república- la población creció entre 4-5 millones; luego en poco más de medio siglo -1940-2011- creció en cerca de 24 millones, totalizando en la actualidad, una población aproximada de 30 millones.

A tan sólo diez años de cumplir 200 como República independiente y “soberana”, los peruanos del s.XXI, seguimos inmersos en un debate estéril acerca de: Cómo vencer la pobreza y la exclusión de más de diez millones de compatriotas; la inseguridad social y ciudadana que han generado el crecimiento poblacional y de sus ciudades, principalmente Lima; más de un 60% de sus actividades económicas se manejan en la informalidad, un 32 % de los niños de 0 a 5 años, mueren a causa de la desnutrición crónica y de enfermedades que pueden evitarse; la educación y la salud precarizadas físicamente y en calidad. Todo lo señalado,  como corolario y cruel paradoja, en uno de los territorios más mega diversos y ricos del planeta, tal vez por los rezagos de un “estado centralista, perverso y perniciosamente corrupto en casi todas las esferas e inmerso, en un proceso descentralizador, que al parecer, terminará siendo otra frustración nacional”.

Ante la dramática situación descrita y  las inequidades del crecimiento económico -tan publicitado por los gobernantes de turno- el mismo que no se redistribuye entre los más pobres y olvidados de la tierra; ningún peruano, nacido en este territorio,  puede callar su voz, sin dejar de sindicar y condenar la incapacidad de nuestra clase política y de los gobernantes, por no haber diseñado un modelo de Estado Moderno y Científico, tal como lo planteó Haya de la Torre, para bienestar de la nación en su conjunto, que lo articule y precise las líneas maestras de un desarrollo sostenido a largo plazo. En este intervalo, se han ensayado 12 Constituciones y la vigente de 1993 como rectora del contrato social, sigue en cuestión y como si esto fuera poco, la organización política y administrativa a nivel de Departamentos, pésima copia del departamentalismo francés, de los años 20 del siglo XIX, sustenta las bases de un nuevo proceso de descentralización, atrofiado en sus inicios y caminando a tientas hacia un nuevo fracaso.

Según testimonios de cronistas de la conquista, la población andina habría sido de 9 millones antes de la invasión española y  100 años después solo era de 600 mil; esto en realidad se consideró como una catástrofe demográfica. No obstante lo señalado, en cuatro siglos —tres de coloniaje y uno de república— la población del Perú creció en alrededor de 4-5 millones de personas, y posteriormente  en  más de medio siglo - 1940-2011-  creció en 24 millo­nes adicionales, totalizando una población aproximada de 30 millones.

Esta explosión demográfica, es coincidente,  con in­tensas transformaciones económicas y sociales en el Perú, producidas sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se llevó a cabo el proceso de industrialización por subs­titución de importaciones. La economía se cen­tralizó progresivamente en Lima y en la Costa, y pese a los múltiples intentos realizados des­de fines del siglo XIX, no se logra aún descentrali­zar eficiente y subsidiariamente el Estado. En el 2011, el Perú se acerca a tener 30 millones de habitantes; un tercio de este total reside en la región de Lima, otro ter­cio en ciudades y pueblos, y el tercio restante, disperso en el ámbito rural.

En tanto la dinámica económica que ha experimentado el país, no ha guardado corres­pondencia con la dinámica demográfica. El ace­lerado crecimiento vegetativo de la población y la intensa migración interna se explican, por la disponibilidad de capitales para las grandes explotaciones agroindustriales, el desarrollo de la industria de con­sumo y el incremento del comercio interno y externo. La población provinciana se desplazó en busca de oportunidades hacia otras, como Lima o las ciuda­des de la Costa, que generaban la ilusión de alcanzar mejores niveles de vida y más posibi­lidades de bienestar. También a partir de la dé­cada de 1980,  y debido a las sucesivas crisis económicas y políticas y al conflicto armado interno, muchos peruanos se vieron obligados a migrar de las zonas afectadas a las ciudades grandes y a otros países, principalmente a USA, Venezuela, Argentina, Chile, España e Italia entre otros. Se estima que se fueron dos millones de peruanos, buena parte de ellos técnicos o profesionales calificados.

Algunos lectores, encontrarán tal vez exagerado el titular de esta nota…Hay Estado en el Perú…¿Dónde está?, pero al plantearlo, sólo deseamos cuestionar al actual, débil y malformado, pues ni siquiera ha logrado constituirse en un instrumento de ordenación y vigilancia del contrato social, capaz de distribuir con justicia y eficiencia, y de cumplir con sus funciones elementales en materia de salud, educación, justicia, seguridad y promoción del empleo. En este sentido, no ha llegado a superar condicio­nes mínimas y sus omisiones son notables. Que duda queda, en los momentos electorales que vivimos, sino la de mirar la ominosa indiferencia, en la forma, en la que los sucesivos gobiernos  han conducido los asuntos de Estado, la administración de los recursos nacionales, la definición de políti­cas de justicia distributiva, el manejo responsable de las finanzas públicas, la soberanía en las decisiones estratégicas para el desarrollo,  y organicidad de su estructura y la forma inclemente y miserable de reclutar y pagar a su personal. En la vorágine  de los problemas del crecimiento de la población  y la escasez de capitales, el Estado peruano ha sido víctima mayor de la incompetencia y por supuesto, de la falta de recursos. Su proceso formativo ha sido frustrado al haberse convertido en objeto de intereses particulares y de corrupción casi generalizada y en agente del abandono de las responsabilidades fundamentales de buen gobierno.

En las últimas décadas y hasta en la actualidad,  se viene  tratando de contrarrestar los efectos negativos de la pobreza y la exclusión con  políticas asistenciales, sin considerar que éstas, retroalimentan  el círculo vicioso de la pobreza y de corrupción clientelista.  Así, para una minoría que pugna por el poder,  ­el Estado es una fuente esencial de empleo y  de recursos,  usando y sirviéndose de métodos cada vez  más  visibles y censurables.  Para más de un tercio de la población en indigencia y sin empleo,  el Estado es un sistema de asistencia -principalmente alimentaria— así como una fuente de insatisfacciones y un destinatario de variados  reclamos.

Para la gran mayoría de los que pugnan por alcanzar el poder, independientes o líderes movimentistas, porque partidos políticos ya no existen. Hay un Estado para las decisiones fundamen­tales relativas a la gran propiedad, la inver­sión pública, las concesiones y privatización de lo que aun queda, la determinación de políticas económicas, en síntesis “la política del perro del hortelano”. Y hay otro Estado gendarme o beneficencia, "el social", para "atender a la población", encargado de mantener a raya el descontento social y la protesta  median­te la politización de las necesidades, la manipulación y la propaganda sicosocial. Por tanto, el “Estado” que hay en el Perú, no ha podido, en cambio, cumplir con sus deberes elemen­tales para con la democracia: Forjar una visión compartida del Perú como nación y como país,  hacer crecer la economía para distribuir, hacer respetar al Perú como na­ción, cumplir con dar igualdad ante la ley y calidad de ciudadanos a las crecientes canti­dades de peruanos y sobre todo acabar con las lacras de la corrupción.

Es por todo lo señalado, tal vez con un poco de valentía, que éste tipo de Estado que aún prevalece en el Perú,  no puede convivir con la posibilidad de establecer la igualdad  ante  la ley, el acceso de los ciudadanos a todo tipo de información y la plena libertad de expresión. Un sistema de justicia imparcial, ágil, transpa­rente, abierto, jamás será compatible con  la ac­tual situación. La fiel aplicación de las leyes existentes y la modificación de la normatividad que favorece los tratos preferenciales y la exclusión económica y social, podría remecer los cimientos mismos del Estado y particularmente acabaría metiendo a la cárcel a un número incalculable de gobernantes de los espacios nacional, regional y local y de otros funcionarios rapaces y coimeros de los otros poderes del Estado y de burócratas insensibles que pugnan por todos los recovecos, tras la coima hormiga.

Es verdad, que la incipiente  apertura y divulgación general de la in­formación referente a las contrataciones, el es­tablecimiento de precios, las concesiones, las exoneraciones fiscales, es un tema en el que se han producido significativos avances, todavía insuficientes. No solamente se trata de disponibilidad de in­formación, sino también de expresa divulga­ción de la manera en las que se negocia los in­tereses nacionales, y en esto último la labor es todavía de poca trascendencia.  La posibilidad de que los ciudadanos puedan enterarse, es un importante paso inicial, pero la meta es la exis­tencia de expresa divulgación y convocatoria cuando se trata del interés nacional.

De otra parte, la libertad de expresión se viene ejercitando como libertad de los medios informativos. Éstos han cumplido un importante papel de vigilancia de los intereses nacionales y denun­cia de actos de corrupción, convirtiéndose en frecuentes ocasiones en bastiones de la defen­sa de los derechos civiles y de la moralidad pública. En los últimos tiempos viene siendo de manera creciente instrumentos de poder con gran autonomía, asociados a intereses adver­sos a la colectividad o de franca corrupción, en las actuales circunstancias electorales, a la gran mayoría de peruanos, no le queda ninguna duda, el parcializado e interesado apoyo a la candidata representante de la corrupción más feroz que haya padecido el Perú en toda su historia, el ingreso del sicario del periodismo Jaime Bayly en la “guerra sucia” electoral, así lo rubrica.

La profusión de la prensa amarilla, la deva­luación de la calidad educativa en los mensa­jes de buena parte de la televisión de señal abierta, son ejemplos de lo que no debería ser la comunicación de masas. La prensa, en el balance actual y de la historia, seguirá siendo un deformador del Estado y  un devaluado elemento de referencia para la formación de las personas, que debiera apuntar a una sociedad y por ende a un Perú mejor.