Al asumir la Presidencia del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), en el Salón Túpac Amaru de Palacio de Gobierno, ante la presencia de los titulares del Congreso, Daniel Abugattás; del Poder Judicial, César San Martín; del Ministerio Público, José Peláez Bardales, además de los miembros del gabinete ministerial; la Alcaldesa de Lima, Susana Villarán; el Defensor del Pueblo, Eduardo Vega; y el presidente del Consejo de la Prensa Peruana, Luis Agois; o sea, la “crema y nata” del ejercicio del poder del Estado en el país y por tanto, responsables directos de la lucha en contra de la delincuencia criminal y del flagelo de la corrupción que campea en el Estado y en la Administración Pública; al hacerlo de esta forma, el Primer Mandatario, ha notificado públicamente a estos burócratas “señorones” y les ha dicho, que no admitirá omisiones, ni complicidades en la lucha contra la corrupción en sus sectores.
Y es que con indignación ha señalado, que la población está harta de que los delincuentes utilicen el espacio público para agarrarse a balazos y de ser víctimas del robo de una billetera o una cartera. "El pueblo está cansado de mucha teoría y pocas acciones", al Congreso le ha pedido "mayor drasticidad en las penas", en especial de aquellos delitos que se cometan con armas de fuego y en contra de la integridad física de los niños y la aprobación de una propuesta de ley, para la creación de un Servicio Policial Voluntario. Al Poder Judicial y en presencia de su titular, César San Martín, demandó a los jueces que no permitan que los delincuentes usen vacíos jurídicos para salir de prisión. "Yo le digo al doctor San Martín que muchas veces un juez corrupto puede ser más peligroso que un delincuente", en ese sentido, que los jueces corruptos deben ser procesados por la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma) "para que se vayan a acompañar a los delincuentes en lugar de soltarlos para que pongan en zozobra a la sociedad". Al Ministerio Público, le ha dicho que muchas veces, por buscar la investigación perfecta, "no cumplimos con la obligación de denunciar el delito y al delincuente ante el Poder Judicial". Al Ministro del Interior, Óscar Valdés, realizar una evaluación de todos los generales de la Policía Nacional. Tiene usted un plazo de 60 días para darme los resultados de la evaluación de todo el alto mando de la PNP", además, ordenó una reorganización del Ministerio del Interior y una reestructuración de las escuelas de formación de policías. "Tengo entendido que hay casi 18 escuelas; ya están proliferando y lo están agarrando como un negocio". Lo que ha que ha hecho el Presidente Ollanta Humala, es coger a la corrupción por los cachos o por los cuernos y los burócratas allí presentes han tratado de eludir su responsabilidad, como siempre lo hacen sin vergüenza alguna.
Para los peruanos, cansados hasta el hartazgo, las palabras del Presidente de la República, equivalen a decir: !BASTA YA¡ a un MININTER, mafioso en su aparato logístico e indiferente con la policía a su cargo; a un Ministerio Público que crece y crece haciendo metástasis, El Poder Judicial, rémora de la justicia y guarida de jueces ímprobos y deshonestos; al Ministerio de Justicia, inoperante, burocrático y sin imaginación, con prisiones en el centro de la ciudad, al INPE impresentable y el infrahumano hacinamiento de los penales que administra, escuelas del crimen organizado y de los marcas; incluida las corruptelas en el que están atrapados muchos policías, fiscales, jueces y personal penitenciario, tampoco los miserables estipendios con los que se remunera a un contingente policial escasamente preparado
Para la sociedad civil, la arenga presidencial, si presupone cambios profundos en las perversas estructuras jurídico-sociales, institucionales y políticas, con la participación protagónica de la sociedad civil, garantizando la desprivatización de un Estado excluyente que funciona como garante de intereses de pocos, para dotarlo de una misión que responda a los intereses de la nación a la que se debe; hacerlo de esta forma y no de otra, equivale a poner los caballos detrás de la carreta, consiguientemente mantener el estatus quo de un Estado débil y corrupto y por tanto ajeno, a los grandes males que afectan a los ciudadanos, a la nación y a la República en su conjunto.
Empeñar al Estado y al Perú como nación, en la “Erradicación de la Violencia y Fortalecimiento del Civismo y de la Seguridad Ciudadana” (Política de Estado N° 7 del Foro del Acuerdo Nacional), impone como condición sine qua non, la “Afirmación de un Estado Eficiente y Transparente” (Política de Estado N° 24), que vele por la construcción de un Estado eficiente, eficaz, moderno y transparente al servicio de las personas e incrementar cobertura y calidad de servicios públicos en todos sus niveles. Para lograr tales objetivos en este empeño nacional, se debe impulsar una verdadera “Descentralización Política, Económica y Administrativa para propiciar el Desarrollo Integral, Armónico y Sostenido del Perú” (Política de Estado N° 8); para exigir que el Estado sea eficiente en su tres niveles (Nacional, Regional y Local). Sólo y así se podrá “Reducir la Pobreza” (Política N° 10); “la Promoción de la Seguridad Alimentaria” (Política N°15); se garantizará “El Desarrollo Sostenible y la Gestión Ambiental”. Finalmente, con seguridad ciudadana se podrá garantizar la paz y un país estable para las inversiones, el turismo y el desarrollo económico sostenible; será factible y posible entonces “El Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología” (Política N° 20); el “Desarrollo en Infraestructura y Vivienda” (Política N° 21) y finalmente accesibles los derechos de salud y a la Seguridad Social (Política N° 13); El acceso al Empleo Pleno, Digno y Productivo (Política N°14), el fortalecimiento de la familia y la búsqueda de la competitividad, productividad y formalización de la actividad económica. Políticas N° 16 y 18.
Entonces comprenderemos la dimensión de la inédita actitud y el reto del mandatario de la nación de presidir el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que sin corresponderle, salta de la prédica al ejemplo, señalando el camino, de que mayores deben ser las responsabilidades de Ministros, Presidentes Regionales, Alcaldes Provinciales y Distritales, de quienes, hay que exigir, el irrestricto respeto y cumplimiento de lo que establece el mandato de sus leyes orgánicas en el ejercicio del poder, sino cumplen, habrá que exigir del pueblo sus revocatorias, dos millares de alcaldes ineptos, salvo honrosas excepciones, no hacen nada por la seguridad de sus vecinos o hacen muy poco y no respetan el acceso y la transparencia de sus actos, menos la participación ciudadana por encontrarse envueltos en escandalosos actos de corrupción, dilapidando o robando con la obsecuencia ominosa de la Contraloría General de la República, los dineros públicos que le pertenecen a todos los peruanos.
En esta dirección y tal como lo pretende el Presidente Humala, el Congreso tiene que asumir su responsabilidad histórica, no sólo de dictar y perfeccionar las normas, sino fiscalizando su cabal cumplimiento, en el entendido, de que descentralizar es cambiar el equilibrio de la organización política del Estado, redistribuyendo el ejercicio del poder hacia las instancias subnacionales y locales, con el propósito de legitimar la gobernabilidad y el sistema democrático, afirmando el acceso a la información y la participación de la ciudadanía. Comprendiendo a cabalidad, que más allá de los perniciosos voluntarismos, es saber a conciencia ¿De qué país hablamos? ¿Qué clase de Estado queremos construir?, ya que no es posible entender el rol del PERU y de su gobierno, en el camino hacia su proceso de desarrollo, sin el debate y la discusión que nos permita consensuar “Nuestra Visión de país” que anhelamos los peruanos, de nuestra manera de entender su desarrollo y su gestión como un territorio sinérgico de su diversidad social, cultural y económica; dejando atrás las armazones de la prehistoria que retroalimenta segregación, exclusión y con frecuencia violencia y caos, para comprometernos con la construcción del Desarrollo Humano mediante la articulación y la armonía.
Seguridad Ciudadana motor de la transformación del Perú
Estamos seguros, que el presente es un tiempo extraordinario que desafía nuestra imaginación y creatividad e impulsa nuestra actitud y disposición hacia el cambio y la innovación. Tomemos al reto de la Seguridad Ciudadana, como el motor de la gran transformación y para ello tenemos que dejar de ver y pensar en una Lima Centralista, como el espacio físico de territorio egoísta, en donde se ubican las entidades que centralizan el poder económico, político y cultural; en concreto, nos referimos a los omnímodos poderes de la Banca y las Finanzas, los medios masivos que privatizan la información de acuerdo a sus intereses, los poderes del Estado y el Gobierno Central, ajenos e indiferentes casi siempre a los problemas cotidianos de la gente, la primus jerarquía de la Iglesia Católica, la Defensa Nacional con mandos, cuarteles y escuelas enclavados dentro de una ciudad que nos les pertenece, las grandes empresas pesqueras, mineras, gasíferas y petroleras e inclusive las de comunicación masiva; que son, no se sabe a nombre de quien, los que toman las decisiones cruciales en nuestro país, como si el destino de nuestra nación fuera de su pertenencia. Esta concepción errática de Lima es la que predomina en la mente de los peruanos que viven en otras regiones del Perú, y que la ven como enemiga, depredadora de sus riquezas y traba para la descentralización y regionalización del país. Es por estas razones y por la falta de VISION DEL PERU, que fragmenta al territorio y lo divide en compartimentos desarticulados e ingobernables, tal y como ocurre en Lima, dividida en distritos segregados y provincias desarticuladas y en donde, ni siquiera es viable una propuesta integral de seguridad ciudadana, debido a leyes que impiden una gestión del territorio y no alientan para nada la cooperación y solidaridad entre pares –ciudades y provincias– acorde con la realidad económica y social, los flujos y los nexos que existen en este territorio regional y entre sus habitantes.
La Municipalidad, el desarrollo local y la seguridad ciudadana
Para todos los peruanos vecinos y miembros de una comunidad, no hay precedentes en la historia de la república, de los ingentes recursos económicos, financieros y presupuestales, de los que gozan hoy en día, los 1826 municipios distritales y las 194 municipalidades provinciales y a diferencia de casi 2000 mil funcionarios- alcaldes que ejercen el poder del Estado, los peruanos de a pie, los vecinos de nuestros distritos, si, estamos persuadidos de que el espacio local, en el que se desenvuelven nuestros municipios, como territorio ecológico geográfico y económico productivo, como espacio de interacción de actores sociales e institucionales y como instancia de gobierno y construcción social del desarrollo, son la dimensión social más adecuada, porque en él se tornan concretos, accesibles y operables las diversas dimensiones en su articulación y sinergia generadoras del desarrollo humano.
Lamentablemente, estos aspectos no han sido entendidos por los dos mil alcaldes y más de doce mil regidores que se nutren de suculentos sueldos y de dietas, sin entender la función, para los que han sido elegidos, ya sea por desconocimiento de lo que mandan las normas ó porque están dedicados al usufructo del poder otorgado por el pueblo.
Finalmente y para entender la propuesta del Presidente de la República Ollanta Humala e impedir que fracase en su cometido, es necesario mandar a la cárcel, a por lo menos 500 alcaldes involucrados en casos de corrupción y que se encuentran comprendidos en procesos de determinación de responsabilidades aperturados por la Contraloría General de la República y acto seguido, exigir el cumplimiento de lo que manda expresamente las normas sobre seguridad ciudadana y que las enunciamos para una mejor comprensión:
· Son competencias y funciones metropolitanas especiales de la Municipalidad de Lima, LEY N° 27972, Artículo N° 161 del la Ley Orgánica de Municipalidades:
8. En materia de Seguridad Ciudadana
8.1-Crear, normar, dirigir y controlar el Sistema Metropolitano de Seguridad Ciudadana, con arreglo a la ley de la materia.
· Las Municipalidades del Perú, en materias de Seguridad Ciudadana ejercen las siguientes funciones Ley Orgánica De Municipalidades 27972 ART.85°:
1.-Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales:
1.1.- Establecer un sistema de seguridad ciudadana, con participación de la sociedad civil y de la Policía Nacional, y normar el establecimiento de los servicios de serenazgo, vigilancia ciudadana, rondas urbanas, campesinas o similares de nivel distrital o de centros poblados en la jurisdicción provincial de acuerdo a ley.
· 2.- Funciones específicas compartidas de las municipalidades provinciales:
2.1.- Coordinar con las municipalidades distritales que la integran y con la Policía Nacional al servicio interdistrital de serenazgo y seguridad ciudadana.
Lamentablemente, son muy pocas las Municipalidades del Perú, que cumplen con eficiencia lo que dispone la Ley, en materia de Seguridad Ciudadana.
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