Vectores que alimentan la Inseguridad y la delincuencia
A falta de un diagnóstico sobre la inseguridad y la delincuencia y peor aún de un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana; Cuando en nuestro país, a un General de la Policía, Ministro del Interior se le descubre saliendo de un hostal en evidente comisión de actos impropios a su investidura; cuando a otro General, Director General de la Policía Nacional se le denuncia por acoso a una oficial subalterna; cuando a sotto voce se murmura que en la división de logística del Mininter, opera una mafia organizada compuesta por altos oficiales, que pide cupos por compras y se trafica hasta con el combustible de los vehículos policiales; cuando en las comisarías no hay ni papel, ni gasolina para sus unidades de patrullaje y vemos a los policías en determinadas zonas de la ciudad coimeando a los conductores ó a las patrullas de carreteras recurseandose de la manera más vil y grosera; cuando los peruanos vemos que un gobierno cambia hasta cinco ministros del Interior, un sector tan sensible a la coima y la corrupción; cuando vemos que a un Congresista de la República, porque delincuentes comunes balean cobarde y salvajemente a su menor hija, se le nombra de inmediato Presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y raudo anuncia a los medios que hay que endurecer sanciones para delincuentes con armas e incentivos de 100 dólares para quienes devuelvan las armas de fuego; cuando escuchamos absortos al Fiscal Supremo de la Nación, decir que ante la ola delincuencial hay que reabrir el Frontón; cuando para colmo de males, vemos a un reciente ex mandatario denunciar públicamente la incursión de delincuentes en la vivienda de su ex –esposa y no presenta la denuncia de rigor para las estadísticas criminales; cuando los ciudadanos del Perú se ven impelidos a enrejar sus calles y urbanizaciones ante la ola de robos y asaltos a sus viviendas ante la indiferencia de malos alcaldes cómplices del crimen; cuando Fiscales, Policías, Jueces, Alcaides y personal penitenciario sigan siendo cómplices del delito; cuando vemos a un presidiario ex – Presidente de la República, disfrutando privilegios para hacer parrilladas con Congresistas en un Penal; y cuando por la prensa los ciudadanos nos enteramos que un inoperante Contralor General de la República, responsable de cautelar el buen uso y aplicación de los dineros públicos clama por leyes para penalizar a los funcionarios públicos ladrones de estos dineros o cuando vemos que tenemos Congresistas de la República, encargados de dar leyes y fiscalizar su cumplimiento, casi analfabetos que a las justas aprendieron a leer. A los ciudadanos del Perú, nos invade una sensación de impotencia, miedo y frustración, al extremo de decir “sálvese quien pueda”.
El gobierno y administración pública no tienen capacidad ni imaginación en diseño de políticas públicas
Desde este espacio, he sostenido que la decisión del Presidente Ollanta Humala, para presidir el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), es plausible, encomiable y digno de ser apoyado. Pero ante lo descrito líneas arriba, considero un deber mencionar, que al hacerlo, puede dar un peligroso salto al vacío, y es que, en el contexto de nuestro Estado-Nación, resulta muy difícil diseñar y gestionar políticas públicas efectivas como las de la Seguridad Ciudadana, ni el gobierno, ni la administración pública tienen las capacidades, la inspiración, la legitimidad, ni la confianza suficiente para diseñar y gestionar políticas. Por lo que, es evidente y urgente, la necesidad de impulsar urgentes procesos de modernización y reforma del Estado, no solo a nivel de la administración pública, como normalmente se sostiene, sino también a nivel de gobierno y de nuestra cultura política; Por todo esto, en el Perú, es inconcebible y lamentable en los momentos actuales seguir improvisando o copiando modelos de realidades ajenas a nosotros, no más “Plan Bratton”, menos el colmo de la señora Fujimori, que en campaña electoral, nos quiso meter por las narices al ex alcalde New York Rudolpf Giulliani, como experto en seguridad ciudadana ver: http://www.youtube.com/watch?v=PHVdDH2Hos8.
Por lo general, todos hablan de políticas públicas, pero pocos saben a ciencia cierta, que son, para que sirven, como se diseñan y que consideraciones intervienen en su elaboración, implementación, administración, control y ajuste entre otros aspectos. El enfoque expuesto permite una primera definición de políticas públicas. Según Dye (1998), son los proyectos gubernamentales y las actividades administrativas propuestas y gestionadas desde el Estado (a través de los gobiernos y la administración pública) con la finalidad de satisfacer las necesidades de una sociedad en el presente y también en el futuro. Véase: LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS EN LA OCDE: IDEAS PARA AMÉRICA LATINA
LA AUSENCIA DE UN PLAN DE LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA.- algunas ideas
La respuesta oportuna del Gobierno del Presidente Ollanta Humala a esta creciente demanda social de seguridad, hay que decirlo, no es el resultado de la formulación de diagnóstico, menos a la elaboración previa (ni como propuesta electoral) de un Plan de Lucha contra la Delincuencia. Este Plan debe comprender combatir tanto el incremento de faltas y pequeños delitos que deterioran la calidad de vida de los peruanos como las manifestaciones más graves de la delincuencia organizada. No se han conocido, ni se conocen aún, medidas tanto de reforma legislativa, como de mejora de la eficacia judicial y policial.
Las reformas legislativas a proponerse dentro de un Plan tentativo, pasan por la puesta en marcha de los denominados juicios rápidos de forma que delitos como robos, hurtos, robos de vehículos y otros delitos flagrantes se enjuicien de forma inmediata o en un plazo máximo de 15 días. Las faltas, por su parte, deberán juzgarse en el propio Juzgado de Turno en el transcurso de unas horas luego de la detención. Los juicios como en el caso español o de la UE podrán celebrarse además en ausencia del imputado cuando la pena solicitada no exceda de dos años y podrán practicarse pruebas antes del acto del mismo.
Como en el caso de otras experiencias analizadas, El Plan debe establecer a su vez una nueva regulación más estricta de la prisión provisional de forma que combinada con una mayor rapidez de la acción de la Justicia se eviten las actuales tasas de multi – reincidencia de escaperos, ladrones de celulares, pandilleros, marcas y se acabe con el sentimiento de impunidad que puedan tener muchos delincuentes. Hay además la urgente necesidad de un endurecimiento del Código Penal frente a algunas formas de delincuencia.
En materia de extranjería, en los casos de tráfico de drogas “burriers” y con la opinión de los expertos se debe introducir dos medidas de impacto judicial penitenciario sumamente eficaz, al tiempo que ayuda a descongestionar nuestros centros penitenciarios en donde un gran número de presos son extranjeros. La primera medida consiste en regular la autorización judicial para llevar a cabo la expulsión cuando los extranjeros se encuentren procesados. La segunda es obligar a la expulsión en casos de condenas mayores a seis años, salvo supuestos de excepcional naturaleza.
En un segundo bloque, se debe plantear la exigencia ciudadana sobre algunas medidas en relación con la mejora de la Administración de Justicia. Es menester exigir a los titulares del poder judicial y del Ministerio Público, priorizar la calidad, antes que la cantidad, para que plantear la creación de nuevas plazas de jueces en el ámbito penal y de nuevas plazas de fiscales, si muchos de los actuales son deshonestos o ímprobos, en este caso, es pertinente generar incentivos económicos a la eficacia y eficiencia de Jueces y Fiscales; así como la implantación de reformas organizativas para mejorar la eficacia contra el delito, todos los avances logrados en este campo, aun siguen siendo insuficientes.
El tercer bloque de medidas tiene que ver con la mejora de la operatividad de las fuerzas de seguridad, antes que incrementar sus contingentes, purgando a los efectivos corruptos. El primer objetivo en este campo es lograr una mayor presencia policial en las calles, tal y como se ha planteado de manera permanente y no como se observa en la actualidad, que ya no se ve policías en las calles, al parecer todos han vuelto al servicio de entidades privadas y financieras quebrando el principio de autoridad al nivel de la presidencia de la República..
La segunda medida es la puesta en marcha de programas territoriales y sectoriales específicos en aquellos lugares o actividades que resultan especialmente vulnerables a la acción de la delincuencia, como el programa para la seguridad en los barrios, el plan de seguridad para el comercio, los programas de atención al turismo o el programa de lucha contra el narcotráfico. En esta misma línea, se debe buscar adaptar la actuación policial al nuevo régimen de Juicios Rápidos y potenciar las Unidades de investigación dedicadas a combatir el crimen organizado.
Para lograr una mayor especialización de las Fuerzas de Seguridad en la lucha contra el delito se debe crear en la Policía Nacional, la especialidad de seguridad ciudadana. Un aspecto esencial de un Plan de lucha contra la delincuencia es la mejora de la cooperación y la coordinación entre la Policía Nacional. Para ello se debe proponer con fuerza de ley, un Convenio Marco de Colaboración Único y a nivel Nacional con el AMPE y REMURPE que impulse la colaboración de las Fuerzas de Seguridad del Estado y los servicios de Serenazgo Municipal o mejor llamadas “Policías Locales” a través de dispositivos conjuntos de prevención, interconexión de Salas de Emergencias, utilización conjunta de bases de datos y la creación de Oficinas conjuntas de Denuncias. Es más, sería necesario proponer que la Municipalidad de Lima, asuma la responsabilidad de la creación de una Escuela Nacional para la formación de la nueva Policía Local o Serenazgo e inclusive evaluar la reforma de la constitución, en el acápite referido a las facultades de la Policía Nacional.
Los Municipios, la delincuencia y el Plan de Seguridad Ciudadana
En nuestra anterior entrega, hemos sostenido que estamos convencidos de que el espacio local, en el que se desenvuelven nuestros municipios, como territorio ecológico geográfico y económico productivo, como espacio de interacción de actores sociales e institucionales y como instancia de gobierno y construcción social del desarrollo, son la dimensión social más adecuada, porque en él se tornan concretos, accesibles y operables las diversas dimensiones en su articulación y sinergia generadoras del desarrollo humano.
En tal sentido, nos sentimos obligados a precisar la necesidad de una nueva cultura municipal y policial que fomente la implicación y la colaboración ciudadana, que haga al ciudadano más protagonista de su propia protección, y establecer marcos de diálogo y comunicación más estrechos entre las fuerzas de seguridad y los ciudadanos, que propicien un mayor cauce de información de indicios o sospechas. La lucha contra la delincuencia tiene como hemos visto, componentes esenciales que van más allá de la acción policial o judicial. En este sentido, es necesario implicar más a las administraciones, especialmente a las locales, en políticas integrales de seguridad que incluyen aspectos tan diversos como protección social y comunitaria ante la ola de asaltos y robos a viviendas, urbanismo, educación o iniciativas de ocio alternativo para los jóvenes, preservación de espacios públicos, parques y plazas, para impedir que sean tomados por drogadictos y jóvenes alcohólicos, turismo entre otros muchos aspectos. Para ello es esencial que los alcaldes asuman la seguridad ciudadana como una responsabilidad fundamental para garantizar la convivencia y la calidad de vida en sus ciudades.
Esta especial complejidad de la seguridad en el ámbito urbano tiene su máxima expresión en el fenómeno emergente de las grandes ciudades. Así, la creciente colaboración entre Fuerzas de Seguridad del Estado y Policías Locales podría avanzar en el futuro hacia una mayor integración operativa de Policía Nacional y Policía Local en las grandes capitales bajo la autoridad funcional de los alcaldes.
CONCLUSIONES
La primera conclusión que debemos exponer es la dificultad de realizar un diagnóstico preciso sobre el estado de la Seguridad Ciudadana en nuestro país y en cada una de nuestras ciudades. La ausencia de encuestas periódicas de victimización y la heterogeneidad de los indicadores hacen difícil realizar una evaluación rigurosa del nivel de delincuencia. En este sentido, podría ser de gran utilidad, la creación de un Observatorio de la Seguridad Ciudadana a nivel de Municipalidades Provinciales, que unificara las estadísticas de delincuencia, realizara encuestas de victimización periódicas y ofreciera análisis fiables y comparados sobre el estado de la cuestión.
En cualquier caso, el conjunto de las estadísticas disponibles en nuestro país muestran un crecimiento constante de las infracciones penales, especialmente las menos graves, en la última década de crecimiento económico, así como un repunte de la delincuencia, incluidas formas cada vez más violentas, en los últimos dos años.
En esta evolución hay tres fenómenos que resultan especialmente preocupantes y los cuales hay que detener. En primer lugar, el alta tasa de delincuencia que se extiende en todo el país, en segundo lugar, la proliferación de grupos de delincuentes organizados y en tercer lugar, el acelerado clima de corrupción que se observa en la policía, los entes encargados de la administración de justicia, los gobiernos regionales y locales.
Por otro lado, el aumento de la delincuencia en nuestro país tiene más que ver con la inoperancia de nuestro sistema penal que con la falta de eficacia en la prevención policial.
La excesiva lentitud de la Justicia y el escaso número de sentencias condenatorias en función del número de delitos esclarecidos está generando una sensación de impunidad ante la delincuencia que resulta destructivo para nuestra convivencia.
La necesaria reforma del sistema penal incluye reformas legislativas imprescindibles, como el tratamiento de la multirreincidencia, el endurecimiento de penas para determinados delitos, como lo pide el Presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso Reggiardo o la posibilidad de expulsión inmediata de los extranjeros delincuentes en el segmento del tráfico de drogas. Pero estas reformas deberán ir acompañadas de una modernización de la Administración de Justicia, verdadero cuello de botella de cualquier reforma legislativa.
El Pacto por la Justicia, ahora en manos del CONASEC como máxima instancia, abre una perspectiva alentadora en este terreno. Estas reformas deben incluir a su vez una potenciación de las unidades de policía judicial que mejore la calidad de los atestados y las diligencias policiales. Pero aún más esencial que todo esto es un cambio de mentalidad que resalte la función social del poder judicial en la lucha contra la delincuencia. Socialmente, hay que recuperar el valor de la responsabilidad individual, acabando con la idea de que el individuo no es culpable de nada, porque la responsable es la sociedad en su conjunto. La reinserción debe seguir siendo un valor fundamental en todo nuestro ordenamiento judicial y penitenciario, pero ese objetivo debe ser compatible con la defensa de la seguridad, la convivencia y la paz social a las que tienen derecho todos los ciudadanos. Esto implica, entre otros muchos aspectos, una actitud menos tolerante con determinadas conductas incívicas que no siendo de gran gravedad sí implica un deterioro de la convivencia y en muchas ocasiones son preámbulo de acciones delictivas más graves.
Sin embargo, el aumento de la delincuencia en su demarcación provoca que las nuevas demandas de unidades especializadas sólo puedan ser satisfechas con aumentos reales de efectivos. Esto nos hace prever un incremento ó mejor tal vez, la re-estructuración de la actual Policía Nacional y la creación de una nueva Policía Local en el futuro.
En definitiva, fenómenos como la globalización están generando un sentimiento de creciente inseguridad en las sociedades democráticas. El Estado, que en las últimas décadas se había volcado más en la prestación de bienestar a sus ciudadanos, relegando sus funciones clásicas de seguridad, está hoy obligado a dar respuesta a esta creciente demanda social, no sólo para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, sino para garantizar el propio funcionamiento democrático de la sociedad.
