¿EL CAMBIO Y LA ESPERANZA OTRA OPORTUNIDAD PERDIDA?

En su primer mensaje el Presidente Ollanta Humala 28.07.11 conmovió a la nación peruana al decir…..“Que los ciudadanos sufrimos el abandono de los políticos por causas de un Estado insensible, burocrático y centralista. Un Estado acechado por la corrupción y el despilfarro, alejado de sus ciudadanos, incapaz de protegerlos de la violencia y la criminalidad, que necesitamos más Estado, más patria y que la corrupción sea sancionada, que la realidad nos interpela diariamente y nos exige un nuevo contrato social que haga posible la convivencia armoniosa de todos los peruanos” y en un arranque de entusiasmo le dijo a la nación que presidiría el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Política de lucha contra la Criminalidad. Sostuvimos en ese entonces no lejano, que semejante tarea, no solo merecía ser aplaudida, sino también apoyada, con el sólo propósito de que la palabra empeñada de “cambio y esperanza”, en el proceso de construcción de un nuevo Estado-Nación, no se convierta en una nueva frustración nacional, en otra oportunidad perdida.

Cuidado: Improvisando se camina al fracaso

Ante el entusiasmo presidencial y la ausencia de planes, la PNP no se hizo esperar, es así, que el actual Premier Oscar Valdez, entonces Ministro del Interior y a solo 15 días de iniciado el gobierno, lanzó oficialmente el Servicio Policial Retén y Franco como una de las primeras medidas para fortalecer la seguridad ciudadana y por medio del cual se colocaba en las calles a un mayor número de efectivos, a la fecha, esta ligera e improvisada medida no ha dado ningún resultado. http://www.larepublica.pe/15-08-2011/pnp-lanzo-servicio-policial-reten-y-franco-en-regiones-del-pais.

Ahora bien y sin entender que el problema de la indefensión ciudadana y el incremento de los índices de delincuencia y criminalidad en el  país, no son coyunturales, sino estructurales y retroalimentados por la corrupción y falta de moral y formación policial, el gobierno ha creado el Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana DECRETO DE URGENCIA Nº 052-2011; el Congreso de la República tampoco ha querido estar ausente en la improvisación que gobierna el país y lanzó al Congresista Reggiardo como Presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana Congresal y como si esto no fuera suficiente con fecha 1° de Diciembre se anuncia ante el país, sin mayor relevancia la publicación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, el cual busca servir de instrumento orientador del accionar de los Comités Regionales, Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana. Es decir, los lineamientos establecidos en este documento servirán para que en los ámbitos regionales y locales se diseñen y ejecuten los respectivos planes de seguridad ciudadana a partir de Enero del 2012. De esta manera se espera que desde una forma planificada y desde un punto de vista integral, se reduzcan los niveles de inseguridad en el país y ante lo cual no dudamos que se trata de otro saludo a la bandera, sin prever que improvisando se camina al fracaso.
Entonces, y cuando no han concluido los primeros seis meses de gobierno, pareciera que una pesadilla Kafkiana invade el sueño del “cambio y la esperanza “y si  nos preguntásemos ¿Por qué mecanismos se ha perpetuado y se acentúa aún más hoy, la desigualdad, el hambre, la pobreza, la ignorancia, el fracaso en la educación y la salud? ¿Por qué, el discurso reclamando el cambio de ilustres pensadores de los inicios del siglo pasado como Haya de la Torre, J. C. Mariátegui, Basadre continúan teniendo vigencia, como si el tiempo no hubiera transcurrido y sin que se imponga el sentido común?...La respuesta es inmediata para una minoría que tiene voz y poder, se traduce en “seguridad jurídica” para sus inversiones, aunque estas destruyan el medio ambiente y asolen los pueblos más alejados con una cuota de más pobreza y abandono por un trato desigual en el reparto de la riqueza, aumentando la brecha de desigualdad entre pobres y ricos, entre la ciudad y el campo y la otra es,  porque el sistema democrático no ha logrado instaurarse en el Perú; es decir la democracia ejercida por ciudadanos plenos coexistentes en un Estado ausente perverso y lastrado por la corrupción que el Presidente Humala prometiera desterrar y no alentar decretando estados de emergencia.

                                    

No obstante lo aciaga de la situación que nos acecha, los peruanos de este siglo, nos resistimos a aceptar la sentencia Gonzales Pradiana de que “El Perú es un organismo enfermo, donde se pone el dedo brota el pus”, con Ollanta Humala, asumimos  que el Perú es un organismo vivo, en crecimiento, con dolencias y malestares propios de su juventud.  Incompleto, quizá, pero de ninguna manera enfermo terminal o desahuciado, nosotros entendemos desde una perspectiva real, que nuestro país es absolutamente viable.  “Quienes caen en la amargura, en el pesimismo, en el desencanto, ignoran que el Perú es aún una posibilidad”,  tal y como lo señalaba Jorge Basadre.

Lo lamentable sin reparar atrás, es que el gobierno de Ollanta Humala depositario de la confianza, de la fe y la esperanza, de los indignados de este país, por un rostro más humano del modelo económico que los arrincona y excluye económica y socialmente, empiezan ya a distanciarse peligrosamente, porque ven en él, insolvencia y falta de resolución para emprender las reformas ofrecidas de acercar al Estado a los más pobres y al ver, el innegable y sumiso favor a las grandes empresas a seguir destrozando el medio ambiente, en su afán mercantilista de seguir enriqueciéndose a costa del futuro de los más pobres.

Se impone una base mínima de bienestar

Por la salud del país y su crecimiento, el gobierno debe optar por incrementar la competitividad a partir de una base mínima de bienestar; lo cual debe acompañarse de un mayor énfasis en políticas de alcance local y sectorial que se diferencien y complementen. Por esta vía, el gobierno, las fuerzas económicas nacionales en su conjunto, deberían ser partícipes, tanto de la competencia como del progreso, anticipándose precautoriamente al conflicto y a sus secuelas, como el estado de emergencia y el congelamiento de sus transferencias presupuestales, tal y como ha sucedido en Cajamarca.

Lo sostenido aparentemente parece simple y es que dichas formulaciones no han sido parte de la política, ni de la historia de la Nación. El Perú sigue siendo un país fragmentado y escindido. Es imperativo que la Integración del país debe ser argumentada y comprobada y su marcha irreversible; hay que mostrar esta flagrante y lacerante desarticulación para repetir hasta la saciedad, propuestas  irrebatibles, como la necesidad de descentralizar e integrar el territorio en nuevos moldes regionales transversales, para evitar conflictos entre empleo y competitividad, de enfrentamientos y derramamientos de sangre innecesarios, de respeto en los casos de inversión minera de la consulta previa de los pueblos, dejando al margen la prepotencia pública y privada, también la militarización y el autoritarismo con el fin de terminar con la exclusión y la pobreza o en su defecto de plantear el desarrollo sostenible a partir de las circunstancias concretas. Estamos a tiempo de entender y ojalá que el Presidente Ollanta Humala no claudique ante la promesa de su palabra empeñada y que opte por la gloria de la historia, antes que por la traición de sumisión y servicio a los grupos de poder, condenando al Perú a otra oportunidad perdida.

 

Sustituir Serenazgo medieval por nueva Policía Urbana

      

                        La Lima de Hoy, ni la sombra de la de 1940

El día Lunes 5S por la noche, en pleno corazón financiero de San Isidro, una empresaria con tres meses de gestación fue asaltada por tres hampones, que la secuestraron, le arrebataron primero S/.30,000, luego como en casa se  la llevaron hasta San Martín de Porres, donde la obligaron a retirar S/.36,000 más, no conformes la llevaron a una vivienda donde la violaron los malditos  y luego la abandonaron en una desolada calle en la peligrosa zona de Los Barracones, en el Callao. ¿Y la Policía y el Serenazgo?.

Así, de esta manera y mientras el crimen y la delincuencia campea y asola nuestras ciudades victimizando a ciudadanos indefensos, a nuestra policía, jueces y fiscales, no les inmuta “el desafío del cambio”, las nuevas tecnologías, ni el futuro;  los unos como sonámbulos deambulan por las calles y los otros por los pasillos de la judicatura como si nada hubiese cambiado desde hace cincuenta años  y como si nada hubiese de cambiar jamás; a los gobiernos y a los políticos que se suceden tras escándalos, cada cinco años, al parecer tampoco les interesa el futuro y prefieren dejar las cosas como hace 200 años y para colmo, con ínfulas cacasenas anuncian su retorno.  A la pollina prensa amarilla solo le importa el interés de pocos,  a los serviles  plumíferos  el refile, la sangre y el escándalo para vestir titulares y cobrar, llenar alforjas y de paso socavar políticamente al régimen de turno.

Hoy en el mundo, en este mismo momento, la evolución  tecnológica,  cultural y social, es extraordinariamente rápida, es por ello, que necesitamos un patrón que nos permita comparar procesos sumamente diversos, y ese patrón, es el tiempo. Sin el tiempo, el cambio nada significa. El tiempo puede concebirse como los intervalos durante los cuales ocurren los acontecimientos; así durante las últimas cinco décadas hemos sido testigos de la urbanización expansiva de nuestras ciudades. Lima que en 1940 según el INEI tenía 849.171 pobladores (12.1%), hoy en el 2011 cuenta con más de 9 millones de habitantes, el 30% de la población del Perú; sin  embargo y en cuanto a las instituciones encargadas de la seguridad vecinal o ciudadana, estas aún siguen  inspiradas en rezagos valorativos de la edad media y del siglo XIX.

Aprender a convivir en la ciudad

Concluida la primera década del siglo XXI en un marco de auspicioso crecimiento económico y  luego de transitar dos de violencia subversiva y de dictadura, los peruanos y el Perú se han puesto de cara al futuro, en el presente, nadie añora los apagones, menos “los coche bomba”, tampoco la dictadura ladrona y asesina, es más, nadie desea “la frustración” de una nueva oportunidad perdida.

El Perú de hoy apostó por “el cambio y la esperanza” por la equidad, por la inclusión social y por ser un referente del desarrollo en la región; lamentablemente la corrupción pública de policías, jueces y fiscales, la delincuencia, el crimen organizado y fuerzas extrañas conspiran y amenazan con lastrar las esperanzas de cambio de nuestra sociedad, estamos seguros que el pueblo honesto ya se puso de pie para impedirlo.

No obstante, sentimos que el miedo por la indefensión invade como una sombra oscura a nuestra sociedad y que la improvisación gubernamental en todos sus niveles, es la mejor aliada de la inseguridad en la ciudad y en el país, en especial, porque los ciudadanos no creen en la policía y en los responsables de administrar justicia.

Entendemos que la seguridad ciudadana y la convivencia en los espacios públicos, no es fácil, se requieren normas y pautas mínimas a fin de que sean posibles. Lamentablemente hay indiferencia y corrupción en los municipios, no hay, en los dos mil existentes, distritales y provinciales en el Perú, uno que haya sido capaz de inspirar y decretar una ordenanza de civismo, de rendición de cuentas, de participación de la ciudadanía organizada, menos de transparencia y de acceso a la información pública y los espacios de concertación son letra muerta.

No hay señales en la administración pública, en especial de los alcaldes que ejercen el poder del estado, en las prácticas de la mediación, más que la regulación,  en  la negociación más que la sanción. Y evitar contribuir a estigmatizar por su aspecto a los jóvenes presentes en el espacio público, confundiendo frecuentemente comportamientos expresivos más o menos discutibles con delitos o faltas que requieren sanción inmediata, por su dejadez o ineptitud.

Finalmente,  debemos señalar los comportamientos que se refieren a la preservación del hipócrita contexto visual. ¿Los que piden limosna, los sin hogar, las prostitutas, los niños de la calle, los que distribuyen publicidad o limpian el parabrisas del auto, los recicladores, que al igual que los gallinazos coloniales y republicanos y que operan a la sombra de la noche limeña, etcétera, ¿son realmente una causa de inseguridad? ¿La pobreza, la marginalidad, la exclusión social dan miedo?. Reconocer que no somos el espectro de una sociedad consumista o de bienestar y aceptar sin vergüenza, que no resulta agradable convivir en el espacio público con las expresiones, normalmente extremas, de quienes han quedado fuera del circuito del consumo formal de una ciudadanía y que las administraciones consideran más usuarios, clientes y electores que ciudadanos. La forma más indigna de tratar a esta población excluida es considerarlos colectivamente como un peligro potencial o una agresión a nuestra sensibilidad, estigmatizarlos. Hay otras formas de actuar, las políticas de protección y de integración, indudablemente, y las preventivas en muchos casos. Pero también la tolerancia, la aceptación de su existencia, la madurez democrática de no tener miedo, de mostrar nuestras faltas, las víctimas de nuestro modelo de sociedad. Es el verdadero civismo" y es por eso que debemos de cambiar.

El “Sereno” en el escenario de la historia

El Sereno como servidor de los “burgos” o urbes apareció en  Europa medieval, como respuesta a las necesidades de seguridad de los comerciantes emergentes y vecinos de la época, vigilante recorría infatigablemente las calles amuralladas anunciando con su proclama los peligros públicos y otras noticias de interés vecinal.

En el siglo XVI el Virrey Hurtado de Mendoza, llamado también el Márquez de Cañete creo el servicio de Serenazgo en el Perú, a semejanza del que existía en España y otros países de Europa, debido a que los efectivos de la Guardia del Virrey por escasez de presupuesto no cubrían las vacantes requeridas para velar el Orden Interno y la Seguridad del ciudadano, quedando bajo las órdenes de la guardia del Virrey, apoyando en la seguridad y percibiendo sus haberes por parte del Cabildo, lo que en la actualidad son los Gobiernos Locales o municipios.

La Institución del Serenazgo tenía como funciones principales a cumplir: el cuidado del vecindario, el mantenimiento del orden, la solución de pleitos vecinales, el suministro de agua potable, efectuar rondas nocturnas, detención de vagos y delincuentes, prender y apagar los faroles que alumbraban las calles, anunciar a viva voz el discurrir de las horas nocturnas y acontecimientos como incendios, robos, inundaciones y otras emergencias.

En el año 1805, fue creado en la ciudad de Lima un Cuerpo de Policía de Seguridad cuyos integrantes se denominaron "Serenos", nombre a semejanza del usado en tiempos virreinales, encargados de velar por el bienestar de la población y durante los primeros años de la República todavía se encontró a los Serenos con la responsabilidad del mantenimiento del orden.

En mayo de 1842, la prefectura realizó una licitación para brindar servicio de Serenazgo, con la condición que los tributos por este rubro no fuesen tan elevados.

En el siglo XX, el 26 de Abril de 1958 la Municipalidad de San Isidro, ubicada en los extra-muros de la ciudad amurallada,  promulgó un Decreto de Alcaldía, para el cobro de Arbitrio de Serenazgo, llamado en ese entonces “Cuerpo Municipal de Patrulla”, siendo ratificado por el Concejo Provincial de Lima el 20 de Noviembre del mismo año. Por diversos motivos ese Arbitrio fue suspendido en el año de 1964.

El 13 de Diciembre de 1990 la Municipalidad de San Isidro, dispone el reinicio de las cobranzas del arbitrio de Serenazgo, considerando que es deber del Municipio fomentar el bienestar de los vecinos, para lo cual señala la necesidad de reforzar la acción de la Policía Nacional con este nuevo servicio.

Este relanzamiento del servicio por parte de la comuna de San Isidro, fue imitado por la Municipalidad de Miraflores con el entonces alcalde Alberto Andrade, luego del cual muchos municipios continuaron con el ejemplo.

A manera de Conclusión y Propuesta de una Policía Urbana

El espacio local, en el que se desenvuelven nuestros municipios, como territorio ecológico geográfico y económico productivo, como espacio de interacción de actores sociales e institucionales y como instancia de gobierno y construcción social del desarrollo, son la dimensión social más adecuada, porque en él se tornan concretos, accesibles y operables las diversas dimensiones en su articulación y sinergia generadoras del desarrollo humano; consiguientemente resulta propicio desmontar las viejas armazones mentales de un serenazgo medieval y colonial y dotar a nuestras ciudades de una “policía urbana”

También se debe  precisar  la necesidad  de una nueva cultura municipal y policial solidaria, que fomente la implicación y la colaboración ciudadana, que haga al ciudadano más protagonista de su propia protección, y establecer marcos de diálogo y comunicación más estrechos entre las fuerzas de seguridad y los ciudadanos, que propicien un mayor cauce de información de indicios o sospechas. La lucha contra la delincuencia tiene como hemos visto, componentes esenciales que van más allá de la acción policial o judicial. En este sentido, es necesario implicar más a las administraciones, especialmente a las locales, en políticas integrales de seguridad que incluyen aspectos tan diversos como protección social y comunitaria ante la ola de asaltos y robos a viviendas, urbanismo, educación o iniciativas de ocio alternativo para los jóvenes, preservación de espacios públicos, parques y plazas, para impedir que sean tomados por drogadictos y jóvenes alcohólicos, turismo entre otros muchos aspectos. Para ello es esencial que los alcaldes asuman la seguridad ciudadana como una responsabilidad fundamental para garantizar la convivencia y la calidad de vida en sus ciudades.

Esta especial complejidad de la seguridad en el ámbito urbano tiene su máxima expresión en el fenómeno emergente de las grandes ciudades. Así, la creciente colaboración entre Fuerzas de Seguridad del Estado y Policías Locales podría avanzar en el futuro hacia una mayor integración operativa de Policía Nacional y Policía Local en las grandes capitales bajo la autoridad funcional de los alcaldes.

La Seguridad Ciudadana y el Marco Constitucional y Legal

La responsabilidad del Estado en cuanto a  las políticas sociales y en particular, la de la seguridad ciudadana, consisten en “asegurar a todos los miembros de la comunidad unos niveles mínimos determinados y ciertas oportunidades”. En este sentido la Constitución Política en su artículo 166° señala: La Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y privado. Previene, investiga y combate la delincuencia.

El Artículo 195° de Texto Constitucional Reformado, establece que: Los gobiernos locales tienen competencia para...”organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales de su responsabilidad”. El Artículo 197°señala: “Las municipalidades brindan servicios de seguridad ciudadana, con la cooperación de la Policía Nacional del Perú, conforme a ley”.

La Ley 27972 Ley Orgánica de municipalidades. Art.85: Las municipalidades brindan servicios de seguridad ciudadana.

La Ley 27238 - Ley Orgánica de la Policía Nacional. Artículo 70°: La Policía Nacional garantiza la seguridad ciudadana. Capacita a la comunidad en esta materia. DS 008-IN que instituye su Reglamento. Artículo 9° (4): La Policía Nacional organiza y capacita a la comunidad en seguridad ciudadana.

La Ley 27933 -  Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.

El DS. 105-2,002-PCM, del 17 OCT 2002,  institucionaliza al Foro del Acuerdo Nacional.

La RS 0965, de OCT- 2001, que crea la Comisión Especial de Reestructuración de la Policía Nacional.

La RS. No. 0120-2002-IN 17 Marzo 2003 que designa a los miembros del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana.

MARCO CONCEPTUAL  DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

La Seguridad Ciudadana en sentido amplio es una situación social en la que no existen riesgos o peligros para los ciudadanos; es decir, que éstos pueden ejercitar libremente sus derechos y libertades sin que exista obstáculo para ello.

La Seguridad Ciudadana, para efectos de la Ley 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, es la acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacio público. Del mismo modo, contribuir a la prevención de la comisión de delitos y faltas.

En otros términos, la Seguridad Ciudadana, es el conjunto de medidas y previsiones que adopta el Estado, a través de sus instituciones y de la comunidad organizada, dentro del marco de la Ley y los derechos humanos, con la finalidad que las personas puedan desarrollar sus actividades libres de riesgos y amenazas que genera la criminalidad y delincuencia.

Inoperancia y Corrupción Policial-Judicial–Penal no frenarán delincuencia

                                                           PNP camino a la Reestructuración 

En el Perú, ni el “Plan Bratton”, ni el ex alcalde New York Rudolpf Giulliani, tampoco los denodados y solitarios esfuerzos del Presidente Ollanta Humala, que acaba de crear un Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana con un aporte inicial de 200 millones pondrán fin a la peligrosa “ola expansiva” del delito y el crimen que medran la calidad de vida y la seguridad de los ciudadanos. Y esto porque la policía y nuestro sistema judicial-penal están carcomidos por la inoperancia y la corrupción. Nuestro Estado para un proceso de “Gran Transformación” requiere de urgentes procesos de modernización y reforma, no solo a nivel de la administración pública, como siempre se sostiene, sino también a nivel de gobierno y de nuestra cultura política, hoy no hay un solo Partido Político sólido, por tanto; nos encontramos al borde de “la anomia”.

         No se evidencia capacidad ni imaginación en diseño de políticas

         públicas

“Mejor discierne un peruano de a pie, que cien ilustrados burócratas insensibles”. En el Perú mucho se dice, pero poco se hace y es que, en el actual contexto de nuestro Estado-Nación,  es casi imposible diseñar y gestionar políticas públicas efectivas como las de la Seguridad Ciudadana, ni el gobierno, ni la administración pública tienen las capacidades, la inspiración, la legitimidad, ni la  confianza suficiente para diseñar y gestionar políticas.

Como todos sabemos, “Las Políticas Públicas o Sociales”, son los proyectos gubernamentales y las actividades administrativas propuestas y gestionadas desde el Estado (a través de los gobiernos nacional, regional,  local y la administración pública) con la finalidad de satisfacer las necesidades de una sociedad en el presente y también en el futuro. Véase: LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS EN LA OCDE: IDEAS PARA AMÉRICA LATINA

          LA AUSENCIA DE UN PLAN DE LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA

Con  espíritu crítico, pero reflexivo, hay que señalar que las propuestas del actual gobierno ante la creciente demanda social de seguridad, no son el resultado de la formulación de un diagnóstico, menos de la elaboración previa (ni como propuesta electoral) de un “Plan de Lucha contra la Delincuencia”. El Plan debe comprender combatir tanto el incremento de faltas y pequeños delitos que deterioran la calidad de vida de los peruanos como las manifestaciones más graves de la delincuencia organizada. No se han conocido, ni se conocen aún, medidas tanto de reforma legislativa, como de mejora de la eficacia judicial y policial, solo se atisban loables iniciativas de los titulares de la Fiscalía de la Nación y del Poder Judicial.

La eficacia, la eficiencia y la equidad son los principios normativos que sirven de fundamento a toda política. La evaluación de las mismas requiere la implementación prolongada en el tiempo de la política social específica, para evaluar la eficacia, la eficiencia y la equidad de una política, es necesaria la opinión de los sectores público y privado, a fin de aproximarse a un análisis más objetivo de los resultados de la implementación de una política social en particular.

Para lograr una mayor especialización de las Fuerzas de Seguridad en la lucha contra el delito y el crimen se debe crear en la Policía Nacional, la especialidad de seguridad ciudadana. Un aspecto esencial de un  Plan de lucha contra la delincuencia es la mejora de la cooperación y la coordinación entre la Policía Nacional. Para ello se debe proponer con fuerza de ley, un Convenio Marco de Colaboración Único y a nivel Nacional con el AMPE y REMURPE que impulse la colaboración de las Fuerzas de Seguridad del Estado y los servicios de Serenazgo Municipal o mejor llamadas  “Policías Locales” a través de dispositivos conjuntos de prevención, interconexión de Salas de Emergencias, utilización conjunta de bases de datos y la creación de Oficinas conjuntas de Denuncias. Es más, sería necesario proponer que la Municipalidad de Lima, asuma la responsabilidad de la creación de una Escuela Nacional para la formación de la nueva Policía Local o Serenazgo e inclusive evaluar la reforma de la constitución, en el acápite referido a las facultades de la Policía Nacional.

CONCLUSIONES

La primera conclusión que debemos exponer es la dificultad de realizar un diagnóstico preciso sobre el estado de la Seguridad Ciudadana en nuestro país y en cada una de nuestras ciudades. La ausencia de encuestas periódicas de victimización y la heterogeneidad de los indicadores hacen difícil realizar una evaluación rigurosa del nivel de delincuencia. En este sentido, podría ser de gran utilidad, la creación de un Observatorio de la Seguridad Ciudadana a nivel de Municipalidades Provinciales, que unifique las estadísticas de delincuencia, realizar encuestas de victimización periódicas y ofrecer análisis fiables y comparados sobre el estado de la cuestión.

En cualquier caso, el conjunto de las estadísticas disponibles en nuestro país muestran un crecimiento constante de las infracciones penales, especialmente las menos graves, en la última década de crecimiento económico, así como un repunte de la delincuencia, incluidas formas cada vez más violentas y organizadas, en los últimos diez años.

En esta evolución hay tres fenómenos que resultan especialmente preocupantes y los cuales hay que detener. En primer lugar, el alta tasa de delincuencia que se extiende en todo el país, en segundo lugar, la proliferación de grupos de delincuentes organizados y en tercer lugar, el acelerado clima de corrupción que se observa en la policía, los entes encargados de la administración de justicia, los gobiernos regionales y locales.

Por otro lado, el aumento de la delincuencia en nuestro país, están asociados peligrosamente con la inoperancia y complicidad de nuestro sistema judicial - penal y la corrupción institucional que lastra la eficacia en la prevención policial.

La excesiva lentitud de la Justicia y el escaso número de sentencias condenatorias en función del número de delitos esclarecidos está generando una sensación de impunidad ante la delincuencia que resulta destructivo para nuestra convivencia. Se amerita la mención de casos emblemáticos. (Fefer, Abencia Meza, Ciro Castillo etc.,)

Sin embargo, el aumento de la delincuencia y el crimen organizado provoca reacciones impensadas y apartadas de un planeamiento estratégico, haciendo creer que sólo pueden ser satisfechas con aumentos reales de efectivos. Nada más falso, en el último quinquenio, se han creado hasta 15 centros de instrucción policial, se ha incrementado en veinte mil, el número de efectivos, pero nadie midió los efectos de estas medidas y la delincuencia en el Perú avanza; lo cual afirma la convicción de una necesaria e inmediata re-estructuración de la actual Policía Nacional y la creación de una moderna Policía Local, que asimile al viejo Serenazgo y con el auspicio rector e inicial de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

En definitiva, fenómenos como el crecimiento expansivo de nuestras ciudades en los últimos 50 años y  la globalización están generando un sentimiento de frustración sin respuesta, de creciente inseguridad en las ciudades y al interior del país. A nivel mundial, el  Estado, que en las últimas décadas se había volcado más en la prestación de bienestar a sus ciudadanos, relegando sus funciones clásicas de seguridad, está hoy obligado a dar respuesta a esta creciente demanda social, no sólo para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, sino para garantizar el propio funcionamiento democrático de la sociedad y en el caso de Perú, no habrá el aval sostenido para su crecimiento e inclusión social, si es que antes, no somos capaces de resolver la seguridad ciudadana de todos los peruanos.

PERU: Delincuencia sin Plan de Seguridad Ciudadana

Vectores que alimentan la Inseguridad y la delincuencia

A falta de un diagnóstico sobre la inseguridad y la delincuencia y peor aún de un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana; Cuando en  nuestro país, a un General de la Policía, Ministro del Interior se le descubre saliendo de un hostal en evidente comisión de actos impropios a su investidura; cuando a otro General, Director General de la Policía Nacional se le denuncia por acoso a una oficial subalterna; cuando a sotto voce se murmura que en la división de logística del Mininter, opera una mafia organizada compuesta por altos oficiales, que pide cupos por compras y se trafica hasta con el combustible de los vehículos policiales; cuando en las comisarías no hay ni papel, ni gasolina para sus unidades de patrullaje y vemos a los policías en determinadas zonas de la ciudad coimeando a los conductores ó a las patrullas de carreteras recurseandose de la manera más vil y grosera; cuando los peruanos vemos que un gobierno cambia hasta cinco ministros del Interior, un sector tan sensible a la coima y la corrupción; cuando vemos que a un Congresista de la República, porque delincuentes comunes balean cobarde y salvajemente a su menor hija, se le nombra de inmediato Presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y raudo anuncia a los medios que hay que endurecer sanciones para delincuentes con armas e incentivos de 100 dólares para quienes devuelvan las armas de fuego; cuando escuchamos absortos al Fiscal Supremo de la Nación, decir que ante la ola delincuencial hay que reabrir el Frontón; cuando para colmo de males, vemos a un reciente ex mandatario denunciar públicamente la incursión de delincuentes en la vivienda de su ex –esposa y no presenta la denuncia de rigor para las estadísticas criminales; cuando los ciudadanos del Perú se ven impelidos a enrejar sus calles y urbanizaciones ante la ola de robos y asaltos a sus viviendas ante la indiferencia de malos alcaldes cómplices del crimen; cuando Fiscales, Policías, Jueces, Alcaides y personal penitenciario sigan siendo cómplices del delito; cuando vemos a un presidiario ex – Presidente de la República, disfrutando privilegios para hacer parrilladas con Congresistas en un Penal; y cuando por la prensa los ciudadanos nos enteramos que un inoperante Contralor General de la República, responsable de cautelar el buen uso y aplicación de los dineros públicos clama por leyes para penalizar a los funcionarios públicos ladrones de estos dineros o cuando vemos que tenemos Congresistas de la República, encargados de dar leyes y fiscalizar su cumplimiento, casi analfabetos que a las justas aprendieron a leer.  A los ciudadanos del Perú, nos invade una sensación de impotencia, miedo y frustración, al extremo de decir “sálvese quien pueda”.

El gobierno y administración pública no tienen capacidad ni imaginación en diseño de políticas públicas

Desde este espacio, he sostenido que la decisión del Presidente Ollanta Humala, para presidir el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), es plausible, encomiable y digno de ser apoyado. Pero ante lo descrito líneas arriba, considero un deber mencionar, que al hacerlo, puede dar un peligroso salto al vacío, y es que,  en el contexto de nuestro Estado-Nación,  resulta muy difícil diseñar y gestionar políticas públicas efectivas como las de la Seguridad Ciudadana, ni el gobierno, ni la administración pública tienen las capacidades, la inspiración, la legitimidad, ni la  confianza suficiente para diseñar y gestionar políticas. Por lo que, es evidente y urgente, la necesidad de impulsar urgentes procesos de modernización y reforma del Estado, no solo a nivel de la administración pública, como normalmente se sostiene, sino también a nivel de gobierno y de nuestra cultura política; Por todo esto, en el Perú, es inconcebible y lamentable en los momentos actuales seguir improvisando o copiando modelos de realidades ajenas a nosotros, no más “Plan Bratton”, menos  el colmo de la señora Fujimori, que en campaña electoral, nos quiso meter por las narices al ex alcalde New York Rudolpf Giulliani, como experto en seguridad ciudadana ver: http://www.youtube.com/watch?v=PHVdDH2Hos8.

Por lo general, todos hablan de políticas públicas, pero pocos saben a ciencia cierta, que son, para que sirven, como se diseñan y que consideraciones intervienen en su elaboración, implementación, administración, control y ajuste entre otros aspectos. El enfoque expuesto permite una primera definición de políticas públicas. Según Dye (1998), son los proyectos gubernamentales y las actividades administrativas propuestas y gestionadas desde el Estado (a través de los gobiernos y la administración pública) con la finalidad de satisfacer las necesidades de una sociedad en el presente y también en el futuro. Véase: LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS EN LA OCDE: IDEAS PARA AMÉRICA LATINA

          LA AUSENCIA DE UN PLAN DE LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA.- algunas ideas

La respuesta oportuna del Gobierno del Presidente Ollanta Humala a esta creciente demanda social de seguridad, hay que decirlo, no es el resultado de la formulación de diagnóstico, menos a la elaboración previa (ni como propuesta electoral) de un Plan de Lucha contra la Delincuencia. Este Plan debe comprender combatir tanto el incremento de faltas y pequeños delitos que deterioran la calidad de vida de los peruanos como las manifestaciones más graves de la delincuencia organizada. No se han conocido, ni se conocen aún, medidas tanto de reforma legislativa, como de mejora de la eficacia judicial y policial.

Las reformas legislativas a proponerse dentro de un Plan tentativo, pasan por la puesta en marcha de los denominados juicios rápidos de forma que delitos como robos, hurtos, robos de vehículos y otros delitos flagrantes se enjuicien de forma inmediata o en un plazo máximo de 15 días. Las faltas, por su parte, deberán juzgarse en el propio Juzgado de Turno en el transcurso de unas horas luego de la detención. Los juicios como en el caso español o de la UE podrán celebrarse además en ausencia del imputado cuando la pena solicitada no exceda de dos años y podrán practicarse pruebas antes del acto del mismo.

Como en el caso de otras experiencias analizadas, El Plan debe  establecer a su vez una nueva regulación más estricta de la prisión provisional de forma que combinada con una mayor rapidez de la acción de la Justicia se eviten las actuales tasas de multi – reincidencia de escaperos, ladrones de celulares, pandilleros, marcas y se acabe con el sentimiento de impunidad que puedan tener muchos delincuentes. Hay además la urgente necesidad de un endurecimiento del Código Penal frente a algunas formas de delincuencia.

En materia de extranjería, en los casos de tráfico de drogas “burriers” y con la opinión de los expertos se debe  introducir dos medidas de impacto judicial penitenciario sumamente eficaz, al tiempo que ayuda a descongestionar nuestros centros penitenciarios en donde un gran número de presos son extranjeros. La primera medida consiste en regular la autorización judicial para llevar a cabo la expulsión cuando los extranjeros se encuentren procesados. La segunda es obligar a la expulsión en casos de condenas mayores a seis años, salvo supuestos de excepcional naturaleza.

En un segundo bloque, se debe plantear la exigencia ciudadana sobre algunas medidas en relación con la mejora de la Administración de Justicia. Es menester exigir a los titulares del poder judicial y del Ministerio Público, priorizar la calidad, antes que la cantidad, para que  plantear la creación de nuevas plazas de jueces en el ámbito penal y de nuevas plazas de fiscales,  si muchos de los actuales son deshonestos o ímprobos, en este caso, es pertinente generar incentivos económicos a la eficacia y eficiencia de Jueces y Fiscales; así como la implantación de reformas organizativas para mejorar la eficacia contra el delito, todos los avances logrados en este campo, aun siguen siendo insuficientes.

El tercer bloque de medidas tiene que ver con la mejora de la operatividad de las fuerzas de seguridad, antes que incrementar sus contingentes, purgando a los efectivos corruptos. El primer objetivo en este campo es lograr una mayor presencia policial en las calles, tal y como se ha planteado de manera permanente y no como se observa en la actualidad, que ya no se ve policías en las calles, al parecer todos han vuelto al servicio de entidades privadas y financieras quebrando el principio de autoridad al nivel de la presidencia de la República..

La segunda medida es la puesta en marcha de programas territoriales y sectoriales específicos en aquellos lugares o actividades que resultan especialmente vulnerables a la acción de la delincuencia, como el programa para la seguridad en los barrios, el plan de seguridad para el comercio, los programas de atención al turismo o el programa de lucha contra el narcotráfico. En esta misma línea, se debe buscar adaptar la actuación policial al nuevo régimen de Juicios Rápidos y potenciar las Unidades de investigación dedicadas a combatir el crimen organizado.

Para lograr una mayor especialización de las Fuerzas de Seguridad en la lucha contra el delito se debe crear en la Policía Nacional, la especialidad de seguridad ciudadana. Un aspecto esencial de un  Plan de lucha contra la delincuencia es la mejora de la cooperación y la coordinación entre la Policía Nacional. Para ello se debe proponer con fuerza de ley, un Convenio Marco de Colaboración Único y a nivel Nacional con el AMPE y REMURPE que impulse la colaboración de las Fuerzas de Seguridad del Estado y los servicios de Serenazgo Municipal o mejor llamadas  “Policías Locales” a través de dispositivos conjuntos de prevención, interconexión de Salas de Emergencias, utilización conjunta de bases de datos y la creación de Oficinas conjuntas de Denuncias. Es más, sería necesario proponer que la Municipalidad de Lima, asuma la responsabilidad de la creación de una Escuela Nacional para la formación de la nueva Policía Local o Serenazgo e inclusive evaluar la reforma de la constitución, en el acápite referido a las facultades de la Policía Nacional.

Los Municipios, la delincuencia y el Plan de Seguridad Ciudadana

En nuestra anterior entrega,  hemos sostenido que estamos convencidos  de que el espacio local, en el que se desenvuelven nuestros municipios, como territorio ecológico geográfico y económico productivo, como espacio de interacción de actores sociales e institucionales y como instancia de gobierno y construcción social del desarrollo, son la dimensión social más adecuada, porque en él se tornan concretos, accesibles y operables las diversas dimensiones en su articulación y sinergia generadoras del desarrollo humano.

En  tal sentido,  nos sentimos obligados a precisar  la necesidad  de una nueva cultura municipal y policial que fomente la implicación y la colaboración ciudadana, que haga al ciudadano más protagonista de su propia protección, y establecer marcos de diálogo y comunicación más estrechos entre las fuerzas de seguridad y los ciudadanos, que propicien un mayor cauce de información de indicios o sospechas. La lucha contra la delincuencia tiene como hemos visto, componentes esenciales que van más allá de la acción policial o judicial. En este sentido, es necesario implicar más a las administraciones, especialmente a las locales, en políticas integrales de seguridad que incluyen aspectos tan diversos como protección social y comunitaria ante la ola de asaltos y robos a viviendas, urbanismo, educación o iniciativas de ocio alternativo para los jóvenes, preservación de espacios públicos, parques y plazas, para impedir que sean tomados por drogadictos y jóvenes alcohólicos, turismo entre otros muchos aspectos. Para ello es esencial que los alcaldes asuman la seguridad ciudadana como una responsabilidad fundamental para garantizar la convivencia y la calidad de vida en sus ciudades.

Esta especial complejidad de la seguridad en el ámbito urbano tiene su máxima expresión en el fenómeno emergente de las grandes ciudades. Así, la creciente colaboración entre Fuerzas de Seguridad del Estado y Policías Locales podría avanzar en el futuro hacia una mayor integración operativa de Policía Nacional y Policía Local en las grandes capitales bajo la autoridad funcional de los alcaldes.

CONCLUSIONES

La primera conclusión que debemos exponer es la dificultad de realizar un diagnóstico preciso sobre el estado de la Seguridad Ciudadana en nuestro país y en cada una de nuestras ciudades. La ausencia de encuestas periódicas de victimización y la heterogeneidad de los indicadores hacen difícil realizar una evaluación rigurosa del nivel de delincuencia. En este sentido, podría ser de gran utilidad, la creación de un Observatorio de la Seguridad Ciudadana a nivel de Municipalidades Provinciales, que unificara las estadísticas de delincuencia, realizara encuestas de victimización periódicas y ofreciera análisis fiables y comparados sobre el estado de la cuestión.

En cualquier caso, el conjunto de las estadísticas disponibles en nuestro país muestran un crecimiento constante de las infracciones penales, especialmente las menos graves, en la última década de crecimiento económico, así como un repunte de la delincuencia, incluidas formas cada vez más violentas, en los últimos dos años.

En esta evolución hay tres fenómenos que resultan especialmente preocupantes y los cuales hay que detener. En primer lugar, el alta tasa de delincuencia que se extiende en todo el país, en segundo lugar, la proliferación de grupos de delincuentes organizados y en tercer lugar, el acelerado clima de corrupción que se observa en la policía, los entes encargados de la administración de justicia, los gobiernos regionales y locales.

Por otro lado, el aumento de la delincuencia en nuestro país tiene más que ver con la inoperancia de nuestro sistema penal que con la falta de eficacia en la prevención policial.

La excesiva lentitud de la Justicia y el escaso número de sentencias condenatorias en función del número de delitos esclarecidos está generando una sensación de impunidad ante la delincuencia que resulta destructivo para nuestra convivencia.

La necesaria reforma del sistema penal incluye reformas legislativas imprescindibles, como el tratamiento de la multirreincidencia, el endurecimiento de penas para determinados delitos, como lo pide el Presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso Reggiardo o la posibilidad de expulsión inmediata de los extranjeros delincuentes en el segmento del tráfico de drogas. Pero estas reformas deberán ir acompañadas de una modernización de la Administración de Justicia, verdadero cuello de botella de cualquier reforma legislativa.

El Pacto por la Justicia, ahora en manos del CONASEC como máxima instancia, abre una perspectiva alentadora en este terreno. Estas reformas deben incluir a su vez una potenciación de las unidades de policía judicial que mejore la calidad de los atestados y las diligencias policiales. Pero aún más esencial que todo esto es un cambio de mentalidad que resalte la función social del poder judicial en la lucha contra la delincuencia. Socialmente, hay que recuperar el valor de la responsabilidad individual, acabando con la idea de que el individuo no es culpable de nada, porque la responsable es la sociedad en su conjunto. La reinserción debe seguir siendo un valor fundamental en todo nuestro ordenamiento judicial y penitenciario, pero ese objetivo debe ser compatible con la defensa de la seguridad, la convivencia y la paz social a las que tienen derecho todos los ciudadanos. Esto implica, entre otros muchos aspectos, una actitud menos tolerante con determinadas conductas incívicas que no siendo de gran gravedad sí implica un deterioro de la convivencia y en muchas ocasiones son preámbulo de acciones delictivas más graves.

Sin embargo, el aumento de la delincuencia en su demarcación provoca que las nuevas demandas de unidades especializadas sólo puedan ser satisfechas con aumentos reales de efectivos. Esto nos hace prever un incremento ó mejor tal vez, la re-estructuración de la actual Policía Nacional y la creación de una nueva Policía Local  en el futuro.

En definitiva, fenómenos como la globalización están generando un sentimiento de creciente inseguridad en las sociedades democráticas. El Estado, que en las últimas décadas se había volcado más en la prestación de bienestar a sus ciudadanos, relegando sus funciones clásicas de seguridad, está hoy obligado a dar respuesta a esta creciente demanda social, no sólo para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, sino para garantizar el propio funcionamiento democrático de la sociedad.

Seguridad Ciudadana: cogiendo a la corrupción por los cachos

Al lanzar el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, el Presidente Ollanta Humala no sólo ha cumplido con su palabra empeñada, ha puesto el dedo en la llaga en un Estado enfermo y ha saltado pus.

Al asumir la Presidencia del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), en el Salón Túpac Amaru de Palacio de Gobierno, ante la presencia de los titulares del Congreso, Daniel Abugattás; del Poder Judicial, César San Martín; del Ministerio Público, José Peláez Bardales, además de los miembros del gabinete ministerial; la Alcaldesa de Lima, Susana Villarán; el Defensor del Pueblo, Eduardo Vega; y el presidente del Consejo de la Prensa Peruana, Luis Agois; o sea, la “crema y nata” del ejercicio del poder del Estado en el país y por tanto, responsables directos de la lucha en contra de la delincuencia criminal y del flagelo de la corrupción que campea en el Estado y en la Administración Pública; al hacerlo de esta forma, el Primer Mandatario, ha notificado públicamente a estos burócratas “señorones” y les ha dicho, que no admitirá omisiones, ni complicidades en la lucha contra la corrupción en sus sectores.

Y es que con indignación ha señalado, que la población está harta de que los delincuentes utilicen el espacio público para agarrarse a balazos y de ser víctimas del robo de una billetera o una cartera. "El pueblo está cansado de mucha teoría y pocas acciones", al Congreso le ha pedido "mayor drasticidad en las penas", en especial de aquellos delitos que se cometan con armas de fuego y en contra de la integridad física de los niños y la aprobación de una propuesta de ley, para la creación de un Servicio Policial Voluntario. Al Poder Judicial  y en presencia de su titular, César San Martín, demandó a los jueces que no permitan que los delincuentes usen vacíos jurídicos para salir de prisión. "Yo le digo al doctor San Martín que muchas veces un juez corrupto puede ser más peligroso que un delincuente", en ese sentido,  que los jueces corruptos deben ser procesados por la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma) "para que se vayan a acompañar a los delincuentes en lugar de soltarlos para que pongan en zozobra a la sociedad". Al Ministerio Público, le ha dicho   que muchas veces, por buscar la investigación perfecta, "no cumplimos con la obligación de denunciar el delito y al delincuente ante el Poder Judicial". Al Ministro del Interior, Óscar Valdés, realizar una evaluación de todos los generales de la Policía Nacional. Tiene usted un plazo de 60 días para darme los resultados de la evaluación de todo el alto mando de la PNP", además, ordenó una reorganización del Ministerio del Interior y una reestructuración de las escuelas de formación de policías. "Tengo entendido que hay casi 18 escuelas; ya están proliferando y lo están agarrando como un negocio". Lo que ha que ha hecho el Presidente Ollanta Humala, es coger a la corrupción por los cachos o por los cuernos y los burócratas allí presentes han tratado de eludir su responsabilidad,  como siempre lo hacen sin vergüenza alguna.

Para los peruanos, cansados hasta el hartazgo, las palabras del Presidente de la República, equivalen a decir: !BASTA YA¡ a un MININTER, mafioso en su aparato logístico e indiferente con la policía a su cargo; a un Ministerio Público que crece y crece haciendo metástasis, El Poder Judicial, rémora de la justicia y guarida de jueces ímprobos y deshonestos; al Ministerio de Justicia, inoperante, burocrático y sin imaginación, con prisiones en el centro de la ciudad, al INPE impresentable y el infrahumano hacinamiento de los penales que administra, escuelas del crimen organizado y de los marcas; incluida las corruptelas en el que están atrapados muchos policías, fiscales, jueces y personal penitenciario, tampoco los miserables estipendios con los que se remunera a un contingente policial escasamente preparado

Para la sociedad civil, la arenga presidencial, si presupone cambios profundos en las perversas estructuras jurídico-sociales, institucionales y políticas, con la participación protagónica de la sociedad civil, garantizando la desprivatización de un Estado excluyente que funciona como garante de intereses de pocos, para dotarlo de una misión que responda a los intereses de la nación a la que se debe; hacerlo de esta forma y no de otra, equivale a poner los caballos detrás de la carreta, consiguientemente mantener el estatus quo de un Estado débil y corrupto y por tanto ajeno, a los grandes males que afectan a los ciudadanos, a la nación y a la República en su conjunto.

Empeñar al Estado y al Perú como nación, en la “Erradicación de la Violencia y Fortalecimiento del Civismo y de la Seguridad Ciudadana” (Política de Estado N° 7 del Foro del Acuerdo Nacional), impone como condición sine qua non, la “Afirmación de un Estado Eficiente y Transparente” (Política de Estado N° 24), que vele por la construcción de un Estado eficiente, eficaz, moderno y transparente al servicio de las personas e incrementar cobertura y calidad de servicios públicos en todos sus niveles. Para lograr tales objetivos en este empeño nacional, se debe impulsar una verdadera “Descentralización Política, Económica y Administrativa para propiciar el Desarrollo Integral, Armónico y Sostenido del Perú” (Política de Estado N° 8); para exigir que el Estado sea eficiente en su tres niveles (Nacional, Regional y Local). Sólo y así se podrá “Reducir la Pobreza” (Política N° 10); “la Promoción de la Seguridad Alimentaria” (Política N°15); se garantizará “El Desarrollo Sostenible y la Gestión Ambiental”. Finalmente, con seguridad ciudadana se podrá garantizar la paz y un país estable para las inversiones, el turismo y el desarrollo económico sostenible; será factible y posible entonces “El Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología” (Política N° 20); el “Desarrollo en Infraestructura y Vivienda” (Política N° 21) y finalmente accesibles los derechos de salud y a la Seguridad Social (Política N° 13); El acceso al Empleo Pleno, Digno y Productivo (Política N°14), el fortalecimiento de la familia y la búsqueda de la competitividad, productividad y formalización de la actividad económica. Políticas N° 16 y 18.

Entonces comprenderemos la dimensión de la inédita actitud y el reto del mandatario de la nación de presidir el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que sin corresponderle, salta de la prédica al ejemplo, señalando el camino, de que mayores deben ser las responsabilidades de Ministros, Presidentes Regionales,  Alcaldes Provinciales y Distritales,  de quienes, hay que exigir, el irrestricto respeto y cumplimiento de lo que establece el mandato de sus leyes orgánicas en el ejercicio del poder, sino cumplen, habrá que exigir del pueblo sus revocatorias, dos millares de alcaldes ineptos, salvo honrosas excepciones, no hacen nada por la seguridad de sus vecinos o hacen muy poco y no respetan el acceso y la transparencia de sus actos, menos la participación ciudadana por encontrarse envueltos en escandalosos actos de corrupción, dilapidando o robando con la obsecuencia ominosa  de la Contraloría General de la República, los dineros públicos que le pertenecen a todos los peruanos.

En esta dirección y tal como lo pretende el Presidente Humala, el Congreso tiene que asumir su responsabilidad histórica, no sólo de dictar y perfeccionar las normas, sino fiscalizando su cabal cumplimiento, en el entendido, de que descentralizar es cambiar el equilibrio de la organización política del Estado, redistribuyendo el ejercicio del poder hacia las instancias subnacionales y locales, con el propósito de legitimar la gobernabilidad y el sistema democrático, afirmando el acceso a la información y la participación de la ciudadanía. Comprendiendo a cabalidad, que más allá de los perniciosos voluntarismos, es saber a conciencia ¿De qué país hablamos? ¿Qué clase de Estado queremos construir?, ya que no es posible entender el rol del PERU y de su gobierno, en el camino hacia su proceso de desarrollo, sin el debate y la discusión que nos permita consensuar “Nuestra Visión de país” que anhelamos los peruanos, de nuestra manera de entender su desarrollo y  su gestión como un territorio sinérgico de su diversidad social, cultural y económica; dejando atrás las armazones de la prehistoria que retroalimenta segregación, exclusión y con frecuencia violencia y caos, para comprometernos con la construcción del Desarrollo Humano mediante la articulación y la armonía.

Seguridad Ciudadana motor de la transformación del Perú

Estamos seguros, que el presente es un tiempo extraordinario que desafía nuestra imaginación y creatividad e impulsa nuestra actitud y disposición hacia el cambio y la innovación. Tomemos al reto de la Seguridad Ciudadana, como el motor de la gran transformación y para ello tenemos que dejar de ver y pensar en una Lima Centralista, como el espacio físico de territorio egoísta, en donde se ubican las entidades que centralizan el poder económico, político y cultural; en concreto, nos referimos a los omnímodos poderes de la Banca y las Finanzas, los medios masivos que privatizan la información de acuerdo a sus intereses, los poderes del Estado y el Gobierno Central, ajenos e indiferentes casi siempre a los problemas cotidianos de la gente, la primus jerarquía de la Iglesia Católica, la Defensa Nacional con mandos, cuarteles y escuelas enclavados dentro de una ciudad que nos les pertenece, las grandes empresas pesqueras, mineras, gasíferas y petroleras e inclusive las de comunicación masiva; que son, no se sabe a nombre de quien, los que toman las decisiones cruciales en nuestro país, como si el destino de nuestra nación fuera de su pertenencia. Esta concepción errática de Lima es la que predomina en la mente de los peruanos que viven en otras regiones del Perú, y que la ven como enemiga, depredadora de sus riquezas y traba para la descentralización y regionalización del país. Es por estas razones y por la falta de VISION DEL PERU, que fragmenta al territorio y lo divide en compartimentos desarticulados e ingobernables, tal y como ocurre en Lima, dividida en distritos segregados y provincias desarticuladas y en donde, ni siquiera es viable una propuesta integral de seguridad ciudadana, debido a leyes que impiden una gestión del territorio y no alientan para nada la cooperación y solidaridad entre pares –ciudades y provincias– acorde con la realidad económica y social, los flujos y los nexos que existen en este territorio regional y entre sus habitantes.

La Municipalidad, el desarrollo local y la seguridad ciudadana

Para todos los peruanos vecinos y miembros de una comunidad, no hay precedentes en la historia de la república, de los ingentes recursos económicos, financieros y presupuestales, de los que gozan hoy en día, los 1826 municipios distritales y las 194 municipalidades provinciales y a diferencia de casi 2000 mil funcionarios- alcaldes que ejercen el poder del Estado, los peruanos de a pie, los vecinos de nuestros distritos, si, estamos persuadidos de que el espacio local, en el que se desenvuelven nuestros municipios, como territorio ecológico geográfico y económico productivo, como espacio de interacción de actores sociales e institucionales y como instancia de gobierno y construcción social del desarrollo, son la dimensión social más adecuada, porque en él se tornan concretos, accesibles y operables las diversas dimensiones en su articulación y sinergia generadoras del desarrollo humano.

Lamentablemente, estos aspectos no han sido entendidos por los dos mil alcaldes y más de doce mil regidores que se nutren de suculentos sueldos y de dietas, sin entender la función, para los que han sido elegidos, ya sea por desconocimiento de lo que mandan las normas ó porque están dedicados al usufructo del poder otorgado por el pueblo.

Finalmente y para entender la propuesta del Presidente de la República Ollanta Humala e impedir que fracase en su cometido, es necesario mandar a la cárcel, a por lo menos 500 alcaldes involucrados en casos de corrupción y que se encuentran comprendidos en procesos de determinación de responsabilidades aperturados por la Contraloría General de la República y acto seguido, exigir el cumplimiento de lo que manda expresamente las normas sobre seguridad ciudadana y que las enunciamos para una mejor comprensión:

·         Son competencias y funciones metropolitanas especiales de la Municipalidad de Lima, LEY N° 27972,  Artículo N° 161 del la Ley Orgánica de Municipalidades:

              8. En materia de Seguridad Ciudadana

             8.1-Crear, normar, dirigir y controlar el Sistema Metropolitano de                                                     Seguridad Ciudadana,  con arreglo a la ley de la materia.

·         Las Municipalidades del Perú, en materias de Seguridad Ciudadana ejercen las siguientes funciones Ley Orgánica De Municipalidades 27972 ART.85°:

1.-Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales:

1.1.- Establecer un sistema de seguridad ciudadana, con participación de la sociedad civil y de la Policía Nacional, y normar el establecimiento de los servicios de serenazgo, vigilancia ciudadana, rondas urbanas, campesinas o similares de nivel distrital o de centros poblados en la jurisdicción provincial de acuerdo a ley.

·         2.- Funciones específicas compartidas de las municipalidades provinciales:

2.1.- Coordinar con las municipalidades distritales que la integran y con la Policía Nacional al servicio interdistrital de serenazgo y seguridad ciudadana.

Lamentablemente, son muy pocas las Municipalidades del Perú, que cumplen con eficiencia lo que dispone la Ley, en materia de Seguridad Ciudadana.