En el Perú, ni el “Plan Bratton”, ni el ex alcalde New York Rudolpf Giulliani, tampoco los denodados y solitarios esfuerzos del Presidente Ollanta Humala, que acaba de crear un Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana con un aporte inicial de 200 millones pondrán fin a la peligrosa “ola expansiva” del delito y el crimen que medran la calidad de vida y la seguridad de los ciudadanos. Y esto porque la policía y nuestro sistema judicial-penal están carcomidos por la inoperancia y la corrupción. Nuestro Estado para un proceso de “Gran Transformación” requiere de urgentes procesos de modernización y reforma, no solo a nivel de la administración pública, como siempre se sostiene, sino también a nivel de gobierno y de nuestra cultura política, hoy no hay un solo Partido Político sólido, por tanto; nos encontramos al borde de “la anomia”.
No se evidencia capacidad ni imaginación en diseño de políticas
públicas
“Mejor discierne un peruano de a pie, que cien ilustrados burócratas insensibles”. En el Perú mucho se dice, pero poco se hace y es que, en el actual contexto de nuestro Estado-Nación, es casi imposible diseñar y gestionar políticas públicas efectivas como las de la Seguridad Ciudadana, ni el gobierno, ni la administración pública tienen las capacidades, la inspiración, la legitimidad, ni la confianza suficiente para diseñar y gestionar políticas.
Como todos sabemos, “Las Políticas Públicas o Sociales”, son los proyectos gubernamentales y las actividades administrativas propuestas y gestionadas desde el Estado (a través de los gobiernos nacional, regional, local y la administración pública) con la finalidad de satisfacer las necesidades de una sociedad en el presente y también en el futuro. Véase: LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS EN LA OCDE: IDEAS PARA AMÉRICA LATINA
LA AUSENCIA DE UN PLAN DE LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA
Con espíritu crítico, pero reflexivo, hay que señalar que las propuestas del actual gobierno ante la creciente demanda social de seguridad, no son el resultado de la formulación de un diagnóstico, menos de la elaboración previa (ni como propuesta electoral) de un “Plan de Lucha contra la Delincuencia”. El Plan debe comprender combatir tanto el incremento de faltas y pequeños delitos que deterioran la calidad de vida de los peruanos como las manifestaciones más graves de la delincuencia organizada. No se han conocido, ni se conocen aún, medidas tanto de reforma legislativa, como de mejora de la eficacia judicial y policial, solo se atisban loables iniciativas de los titulares de la Fiscalía de la Nación y del Poder Judicial.
La eficacia, la eficiencia y la equidad son los principios normativos que sirven de fundamento a toda política. La evaluación de las mismas requiere la implementación prolongada en el tiempo de la política social específica, para evaluar la eficacia, la eficiencia y la equidad de una política, es necesaria la opinión de los sectores público y privado, a fin de aproximarse a un análisis más objetivo de los resultados de la implementación de una política social en particular.
Para lograr una mayor especialización de las Fuerzas de Seguridad en la lucha contra el delito y el crimen se debe crear en la Policía Nacional, la especialidad de seguridad ciudadana. Un aspecto esencial de un Plan de lucha contra la delincuencia es la mejora de la cooperación y la coordinación entre la Policía Nacional. Para ello se debe proponer con fuerza de ley, un Convenio Marco de Colaboración Único y a nivel Nacional con el AMPE y REMURPE que impulse la colaboración de las Fuerzas de Seguridad del Estado y los servicios de Serenazgo Municipal o mejor llamadas “Policías Locales” a través de dispositivos conjuntos de prevención, interconexión de Salas de Emergencias, utilización conjunta de bases de datos y la creación de Oficinas conjuntas de Denuncias. Es más, sería necesario proponer que la Municipalidad de Lima, asuma la responsabilidad de la creación de una Escuela Nacional para la formación de la nueva Policía Local o Serenazgo e inclusive evaluar la reforma de la constitución, en el acápite referido a las facultades de la Policía Nacional.
CONCLUSIONES
La primera conclusión que debemos exponer es la dificultad de realizar un diagnóstico preciso sobre el estado de la Seguridad Ciudadana en nuestro país y en cada una de nuestras ciudades. La ausencia de encuestas periódicas de victimización y la heterogeneidad de los indicadores hacen difícil realizar una evaluación rigurosa del nivel de delincuencia. En este sentido, podría ser de gran utilidad, la creación de un Observatorio de la Seguridad Ciudadana a nivel de Municipalidades Provinciales, que unifique las estadísticas de delincuencia, realizar encuestas de victimización periódicas y ofrecer análisis fiables y comparados sobre el estado de la cuestión.
En cualquier caso, el conjunto de las estadísticas disponibles en nuestro país muestran un crecimiento constante de las infracciones penales, especialmente las menos graves, en la última década de crecimiento económico, así como un repunte de la delincuencia, incluidas formas cada vez más violentas y organizadas, en los últimos diez años.
En esta evolución hay tres fenómenos que resultan especialmente preocupantes y los cuales hay que detener. En primer lugar, el alta tasa de delincuencia que se extiende en todo el país, en segundo lugar, la proliferación de grupos de delincuentes organizados y en tercer lugar, el acelerado clima de corrupción que se observa en la policía, los entes encargados de la administración de justicia, los gobiernos regionales y locales.
Por otro lado, el aumento de la delincuencia en nuestro país, están asociados peligrosamente con la inoperancia y complicidad de nuestro sistema judicial - penal y la corrupción institucional que lastra la eficacia en la prevención policial.
La excesiva lentitud de la Justicia y el escaso número de sentencias condenatorias en función del número de delitos esclarecidos está generando una sensación de impunidad ante la delincuencia que resulta destructivo para nuestra convivencia. Se amerita la mención de casos emblemáticos. (Fefer, Abencia Meza, Ciro Castillo etc.,)
Sin embargo, el aumento de la delincuencia y el crimen organizado provoca reacciones impensadas y apartadas de un planeamiento estratégico, haciendo creer que sólo pueden ser satisfechas con aumentos reales de efectivos. Nada más falso, en el último quinquenio, se han creado hasta 15 centros de instrucción policial, se ha incrementado en veinte mil, el número de efectivos, pero nadie midió los efectos de estas medidas y la delincuencia en el Perú avanza; lo cual afirma la convicción de una necesaria e inmediata re-estructuración de la actual Policía Nacional y la creación de una moderna Policía Local, que asimile al viejo Serenazgo y con el auspicio rector e inicial de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
En definitiva, fenómenos como el crecimiento expansivo de nuestras ciudades en los últimos 50 años y la globalización están generando un sentimiento de frustración sin respuesta, de creciente inseguridad en las ciudades y al interior del país. A nivel mundial, el Estado, que en las últimas décadas se había volcado más en la prestación de bienestar a sus ciudadanos, relegando sus funciones clásicas de seguridad, está hoy obligado a dar respuesta a esta creciente demanda social, no sólo para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, sino para garantizar el propio funcionamiento democrático de la sociedad y en el caso de Perú, no habrá el aval sostenido para su crecimiento e inclusión social, si es que antes, no somos capaces de resolver la seguridad ciudadana de todos los peruanos.
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