Considerando como línea de base a la invasión española – 3 de Octubre de 1492 y según versión de cronistas de la conquista, la población andina habría sido de 9 millones, 100 años después se redujo a 600 mil, toda una catástrofe demográfica. Cuatro siglos después – tres de coloniaje y uno de república- la población creció entre 4-5 millones; luego en poco más de medio siglo -1940-2011- creció en cerca de 24 millones, totalizando en la actualidad, una población aproximada de 30 millones.
A tan sólo diez años de cumplir 200 como República independiente y “soberana”, los peruanos del s.XXI, seguimos inmersos en un debate estéril acerca de: Cómo vencer la pobreza y la exclusión de más de diez millones de compatriotas; la inseguridad social y ciudadana que han generado el crecimiento poblacional y de sus ciudades, principalmente Lima; más de un 60% de sus actividades económicas se manejan en la informalidad, un 32 % de los niños de 0 a 5 años, mueren a causa de la desnutrición crónica y de enfermedades que pueden evitarse; la educación y la salud precarizadas físicamente y en calidad. Todo lo señalado, como corolario y cruel paradoja, en uno de los territorios más mega diversos y ricos del planeta, tal vez por los rezagos de un “estado centralista, perverso y perniciosamente corrupto en casi todas las esferas e inmerso, en un proceso descentralizador, que al parecer, terminará siendo otra frustración nacional”.
Ante la dramática situación descrita y las inequidades del crecimiento económico -tan publicitado por los gobernantes de turno- el mismo que no se redistribuye entre los más pobres y olvidados de la tierra; ningún peruano, nacido en este territorio, puede callar su voz, sin dejar de sindicar y condenar la incapacidad de nuestra clase política y de los gobernantes, por no haber diseñado un modelo de Estado Moderno y Científico, tal como lo planteó Haya de la Torre, para bienestar de la nación en su conjunto, que lo articule y precise las líneas maestras de un desarrollo sostenido a largo plazo. En este intervalo, se han ensayado 12 Constituciones y la vigente de 1993 como rectora del contrato social, sigue en cuestión y como si esto fuera poco, la organización política y administrativa a nivel de Departamentos, pésima copia del departamentalismo francés, de los años 20 del siglo XIX, sustenta las bases de un nuevo proceso de descentralización, atrofiado en sus inicios y caminando a tientas hacia un nuevo fracaso.
Según testimonios de cronistas de la conquista, la población andina habría sido de 9 millones antes de la invasión española y 100 años después solo era de 600 mil; esto en realidad se consideró como una catástrofe demográfica. No obstante lo señalado, en cuatro siglos —tres de coloniaje y uno de república— la población del Perú creció en alrededor de 4-5 millones de personas, y posteriormente en más de medio siglo - 1940-2011- creció en 24 millones adicionales, totalizando una población aproximada de 30 millones.
Esta explosión demográfica, es coincidente, con intensas transformaciones económicas y sociales en el Perú, producidas sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se llevó a cabo el proceso de industrialización por substitución de importaciones. La economía se centralizó progresivamente en Lima y en la Costa, y pese a los múltiples intentos realizados desde fines del siglo XIX, no se logra aún descentralizar eficiente y subsidiariamente el Estado. En el 2011, el Perú se acerca a tener 30 millones de habitantes; un tercio de este total reside en la región de Lima, otro tercio en ciudades y pueblos, y el tercio restante, disperso en el ámbito rural.
En tanto la dinámica económica que ha experimentado el país, no ha guardado correspondencia con la dinámica demográfica. El acelerado crecimiento vegetativo de la población y la intensa migración interna se explican, por la disponibilidad de capitales para las grandes explotaciones agroindustriales, el desarrollo de la industria de consumo y el incremento del comercio interno y externo. La población provinciana se desplazó en busca de oportunidades hacia otras, como Lima o las ciudades de la Costa, que generaban la ilusión de alcanzar mejores niveles de vida y más posibilidades de bienestar. También a partir de la década de 1980, y debido a las sucesivas crisis económicas y políticas y al conflicto armado interno, muchos peruanos se vieron obligados a migrar de las zonas afectadas a las ciudades grandes y a otros países, principalmente a USA, Venezuela, Argentina, Chile, España e Italia entre otros. Se estima que se fueron dos millones de peruanos, buena parte de ellos técnicos o profesionales calificados.
Algunos lectores, encontrarán tal vez exagerado el titular de esta nota…Hay Estado en el Perú…¿Dónde está?, pero al plantearlo, sólo deseamos cuestionar al actual, débil y malformado, pues ni siquiera ha logrado constituirse en un instrumento de ordenación y vigilancia del contrato social, capaz de distribuir con justicia y eficiencia, y de cumplir con sus funciones elementales en materia de salud, educación, justicia, seguridad y promoción del empleo. En este sentido, no ha llegado a superar condiciones mínimas y sus omisiones son notables. Que duda queda, en los momentos electorales que vivimos, sino la de mirar la ominosa indiferencia, en la forma, en la que los sucesivos gobiernos han conducido los asuntos de Estado, la administración de los recursos nacionales, la definición de políticas de justicia distributiva, el manejo responsable de las finanzas públicas, la soberanía en las decisiones estratégicas para el desarrollo, y organicidad de su estructura y la forma inclemente y miserable de reclutar y pagar a su personal. En la vorágine de los problemas del crecimiento de la población y la escasez de capitales, el Estado peruano ha sido víctima mayor de la incompetencia y por supuesto, de la falta de recursos. Su proceso formativo ha sido frustrado al haberse convertido en objeto de intereses particulares y de corrupción casi generalizada y en agente del abandono de las responsabilidades fundamentales de buen gobierno.
En las últimas décadas y hasta en la actualidad, se viene tratando de contrarrestar los efectos negativos de la pobreza y la exclusión con políticas asistenciales, sin considerar que éstas, retroalimentan el círculo vicioso de la pobreza y de corrupción clientelista. Así, para una minoría que pugna por el poder, el Estado es una fuente esencial de empleo y de recursos, usando y sirviéndose de métodos cada vez más visibles y censurables. Para más de un tercio de la población en indigencia y sin empleo, el Estado es un sistema de asistencia -principalmente alimentaria— así como una fuente de insatisfacciones y un destinatario de variados reclamos.
Para la gran mayoría de los que pugnan por alcanzar el poder, independientes o líderes movimentistas, porque partidos políticos ya no existen. Hay un Estado para las decisiones fundamentales relativas a la gran propiedad, la inversión pública, las concesiones y privatización de lo que aun queda, la determinación de políticas económicas, en síntesis “la política del perro del hortelano”. Y hay otro Estado gendarme o beneficencia, "el social", para "atender a la población", encargado de mantener a raya el descontento social y la protesta mediante la politización de las necesidades, la manipulación y la propaganda sicosocial. Por tanto, el “Estado” que hay en el Perú, no ha podido, en cambio, cumplir con sus deberes elementales para con la democracia: Forjar una visión compartida del Perú como nación y como país, hacer crecer la economía para distribuir, hacer respetar al Perú como nación, cumplir con dar igualdad ante la ley y calidad de ciudadanos a las crecientes cantidades de peruanos y sobre todo acabar con las lacras de la corrupción.
Es por todo lo señalado, tal vez con un poco de valentía, que éste tipo de Estado que aún prevalece en el Perú, no puede convivir con la posibilidad de establecer la igualdad ante la ley, el acceso de los ciudadanos a todo tipo de información y la plena libertad de expresión. Un sistema de justicia imparcial, ágil, transparente, abierto, jamás será compatible con la actual situación. La fiel aplicación de las leyes existentes y la modificación de la normatividad que favorece los tratos preferenciales y la exclusión económica y social, podría remecer los cimientos mismos del Estado y particularmente acabaría metiendo a la cárcel a un número incalculable de gobernantes de los espacios nacional, regional y local y de otros funcionarios rapaces y coimeros de los otros poderes del Estado y de burócratas insensibles que pugnan por todos los recovecos, tras la coima hormiga.
Es verdad, que la incipiente apertura y divulgación general de la información referente a las contrataciones, el establecimiento de precios, las concesiones, las exoneraciones fiscales, es un tema en el que se han producido significativos avances, todavía insuficientes. No solamente se trata de disponibilidad de información, sino también de expresa divulgación de la manera en las que se negocia los intereses nacionales, y en esto último la labor es todavía de poca trascendencia. La posibilidad de que los ciudadanos puedan enterarse, es un importante paso inicial, pero la meta es la existencia de expresa divulgación y convocatoria cuando se trata del interés nacional.
De otra parte, la libertad de expresión se viene ejercitando como libertad de los medios informativos. Éstos han cumplido un importante papel de vigilancia de los intereses nacionales y denuncia de actos de corrupción, convirtiéndose en frecuentes ocasiones en bastiones de la defensa de los derechos civiles y de la moralidad pública. En los últimos tiempos viene siendo de manera creciente instrumentos de poder con gran autonomía, asociados a intereses adversos a la colectividad o de franca corrupción, en las actuales circunstancias electorales, a la gran mayoría de peruanos, no le queda ninguna duda, el parcializado e interesado apoyo a la candidata representante de la corrupción más feroz que haya padecido el Perú en toda su historia, el ingreso del sicario del periodismo Jaime Bayly en la “guerra sucia” electoral, así lo rubrica.
La profusión de la prensa amarilla, la devaluación de la calidad educativa en los mensajes de buena parte de la televisión de señal abierta, son ejemplos de lo que no debería ser la comunicación de masas. La prensa, en el balance actual y de la historia, seguirá siendo un deformador del Estado y un devaluado elemento de referencia para la formación de las personas, que debiera apuntar a una sociedad y por ende a un Perú mejor.
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